Desde la asunción de Arnaldo Giuzzio como ministro del Interior, la inseguridad se ha redoblado no solo en la capital si no también en el interior del país. El 50% de las cámaras del 911 hoy no funcionan, varios proyectos que fueron parte del discurso al inicio de su gestión hoy no existen, y como denunciaban en redes sociales esta semana, con una lluvia intensa de gente haciendo fila fuera de identificaciones gestionando su cedula o pasaporte, cuando existe un proyecto que a esta altura del año, ya debería estar terminado considerando que viene desde antes del periodo del ex ministro Juan Ernesto Villamayor, pero se activó recién con este.
Existe una Ley que aun no fue implementada, la 5863 que regula el uso de tobilleras electrónicas y que aun sigue sin aplicación, esta podría resolver muchos problemas vinculados a la geolocalización de delincuentes permitiendo incluso que las cárceles reduzcan su sobrepoblación.
Son diarias las denuncias de robos por parte de moto asaltantes e incluso el ultimo festejo de la victoria del Intendente Nenecho en Asunción se transformó en un festín para los llamados pirañitas o carteristas que hicieron de lo suyo sustrayendo carteras, billeteras y celulares en plena vía pública.
La gestión de Alnaldo Giuzzio tiene varios cuestionamientos:
¿Qué sucede con los hoy secuestrados?
No existe ninguna noticia sobre los mismos, no se sabe de avances en las investigaciones y en el interior del país continua la zozobra de muchos productores que deben asistir hasta sus propiedades para organizar la cosecha o la producción ganadera.
Del secuestro en el interior al sicariato en la capital, donde no es la primera vez que se dan estos casos que son propios de ciudades de frontera pero que al parecer se están por transformar en una algo habitual en plena ciudad de Asunción.
Existe un contrato de US$ 28 millones en el proyecto de Cédulas y Pasaportes, casi US$ 9 millones fueron el adelanto, pero aun así los tan preciados chips en las cedulas y otros avances que deberían mejorar no solo la seguridad ciudadana si no también el proceso de digitalización y de Gobierno Electrónico parecen estar completamente estancados. La queja por las largas filas y los tiempos de espera son una constante.
¿Cómo es que el Ministerio del Interior aun no responde nada con respecto a las escuchas telefónicas?
El abogado Daniel Lobo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
(JEM) a la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, y el fiscal Antidrogas Eduardo Royg. Esta misma denuncia se realizó con anterioridad ante el Colegio de Abogados del Paraguay. En ninguno de los casos se sabe hasta ahora como se realizaron estas supuestas escuchas.
¿Fueron escuchas que se realizaron con algún tipo de hackeo por parte de delincuentes pagos? ¿Existe alguna institución publica involucrada?
Las sospechas sobre los sistemas de escucha desde hace décadas forman parte del folklore nacional. Las aplaudimos cuando se trata de herramientas usadas contra el crimen organizada pero genera un temor sobre todo en la clase política y empresarial del país.7
¿Qué pasa con el Proyecto del BID?
US$ 20 millones fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo para el fortalecimiento de la policía y la seguridad ciudadana, donde se incluye un trabajo vinculado con género y violencia. Hasta donde se viene informando no se dieron los procesos de contrataciones y capacitaciones y tampoco se sabe nada sobre cuales son los planes. De este monto probablemente se podría tener el rubro necesario para el mejoramiento y la ampliación del sistema 911, el equipamiento para el Grupo Lince (que tan exitoso a resultado desde su incorporación) o tal vez los insumos necesarios para el patrullaje constante de la costanera norte que desde hace meses sufre de falta de iluminación.
La respuesta no puede seguir siendo “No camines ahí”, “No salgas a partir de x hora” u otras de las vergonzosas sugerencias que surgen de los relatos de victimas que asistieron a las comisarias en busca de ayuda.
Si algo se le puede alabar a Giuzzio es la capacidad de oratoria que tiene para evitar responsabilizarse o buscar relatos que minimicen algo que va más allá de la percepción de la ciudadanía y que se transforma en la real inseguridad de todos los días.
