El juicio contra Hernán Rivas analiza documentos, matrícula profesional y presuntas irregularidades vinculadas con su título universitario de abogado.
El juicio oral contra el exsenador Hernán David Rivas Román comenzó el 10 de agosto con una acusación centrada en el supuesto uso de documentos públicos de contenido falso para obtener su matrícula profesional de abogado. Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, junto al fiscal Christian Benítez, buscan demostrar que el acusado utilizó un certificado de estudios y un título cuya autenticidad es cuestionada.
¿Qué sostiene la Fiscalía contra Hernán Rivas?
La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que Hernán Rivas habría utilizado un certificado de estudios y un título universitario que no se correspondían con la realidad para acreditar su formación como abogado.
Las agentes fiscales Patricia Sánchez Saldívar, de la Unidad Penal N.º 5 de Asunción, y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos N.º 2, sostienen que esos documentos fueron utilizados para que Rivas pudiera jurar como abogado ante la Corte Suprema de Justicia, obtener su matrícula profesional y posteriormente acreditar esa condición ante instituciones públicas.
El proceso no se limita, por tanto, a determinar si existieron irregularidades en la expedición de un título universitario. La Fiscalía plantea que el punto central es el uso de esos documentos y los efectos jurídicos que produjeron: la obtención de una matrícula profesional y la acreditación de la condición de abogado ante organismos del Estado.
La causa también adquirió relevancia institucional porque Rivas utilizó su condición de abogado para acceder a espacios de representación política. El exsenador fue designado por la Cámara de Diputados como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y posteriormente llegó a presidir ese organismo.
¿Qué documentos están en el centro del juicio?
Uno de los principales puntos de la acusación es el certificado de estudios atribuido a la Universidad Sudamericana y el título que le otorgaba el grado académico de abogado.
Según los antecedentes incorporados por la Fiscalía, Rivas habría cursado la carrera de Derecho entre 2010 y 2015 y presentado una tesis de conclusión en 2016. Posteriormente, habría obtenido un certificado de estudios fechado el 12 de mayo de 2018 y un título expedido el 6 de marzo de 2020, que fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.
Para la Fiscalía, existen elementos que cuestionan la posibilidad de que Rivas haya cursado efectivamente la carrera en las condiciones consignadas en esos documentos. Entre las evidencias mencionadas se encuentran declaraciones de exautoridades de la Universidad Sudamericana, quienes durante el inicio del juicio señalaron que no reconocían al exsenador como estudiante de Derecho.
La estrategia fiscal apunta a presentar las pruebas de manera concatenada. La fiscala Patricia Sánchez sostuvo que el núcleo de la acusación es que Rivas habría declarado falsamente haber cursado Derecho y que, a partir de esa información, se generaron documentos públicos que posteriormente fueron utilizados.
La Fiscalía pretende demostrar así una secuencia: formación académica cuestionada, documentación presuntamente falsa, registro ante el MEC, obtención de matrícula profesional y posterior utilización de la condición de abogado.
¿Qué debe demostrar la Fiscalía en el juicio oral?
La fiscala Patricia Sánchez afirmó que la acusación se sostiene sobre elementos probatorios que serán presentados de manera secuencial ante el Tribunal de Sentencia. El objetivo es que las diferentes evidencias permitan reconstruir la forma en que Rivas obtuvo y utilizó los documentos cuestionados.
“Todo se va a concatenar, todo se va a hilar”, sostuvo Sánchez al explicar la estrategia de la Fiscalía. La agente fiscal también señaló que existen otros elementos además del título y el certificado de estudios, entre ellos la documentación tramitada ante el MEC y las condiciones materiales en las que Rivas habría cursado las materias de Derecho.
Uno de los argumentos fiscales se relaciona con la imposibilidad material que, según la acusación, habría existido para que Rivas se trasladara desde Itapúa hasta las sedes donde supuestamente debía cursar determinadas materias de manera presencial. Este elemento será contrastado con los demás testimonios y documentos durante el juicio.
La Fiscalía también deberá establecer la responsabilidad individual del acusado. La existencia de un documento cuestionado no determina por sí misma quién lo produjo o utilizó de manera consciente. Por ello, el debate oral deberá establecer qué participación tuvo Rivas en la obtención, presentación y utilización de los documentos.
¿Qué pasó con el proceso antes de llegar a juicio?
La causa atravesó varios obstáculos procesales antes de llegar al juicio oral. En marzo de 2026, un Tribunal de Apelación había confirmado la prescripción del hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y posteriormente dispuso el sobreseimiento definitivo de Rivas respecto de la causa.
El Ministerio Público recurrió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que las decisiones anteriores impedían continuar con la persecución penal de los hechos atribuidos.
El 7 de mayo de 2026, la Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario de casación presentado por las fiscalas Sánchez y Guerrero, anuló las resoluciones del Tribunal de Apelación y confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público. La máxima instancia judicial sostuvo que los hechos atribuidos debían ser debatidos en un juicio.
La decisión de la Corte fue determinante para que el proceso llegara a la actual etapa. El juicio comenzó finalmente el 10 de agosto, después de que la defensa solicitara una postergación tras el cambio de representación legal. El Tribunal de Sentencia fijó la nueva fecha de inicio para esa jornada.
¿Qué relación tiene el caso con el Ministerio de Educación?
El MEC aparece dentro de la causa porque el título atribuido a Rivas fue registrado oficialmente ante la institución. Sin embargo, el proceso contra el exsenador tiene un objeto específico: determinar si utilizó documentos públicos de contenido falso y si estos fueron empleados para obtener y acreditar su condición profesional.
La Fiscalía abrió además una causa independiente para investigar la eventual producción mediata de documentos públicos de contenido falso vinculados con Rivas. En abril de 2026, el Ministerio Público rectificó una desestimación y ordenó continuar determinadas diligencias para esclarecer la posible participación de otras personas en la emisión, validación, registro y utilización de los documentos.
Esto permite separar dos dimensiones del caso. Por un lado está la eventual responsabilidad penal de Rivas por la utilización de los documentos. Por otro, existe una investigación destinada a establecer si otras personas participaron en la generación, validación o registro de esos instrumentos.
La propia fiscala Teresa Sosa Laconich, quien investiga las irregularidades en los registros del MEC, explicó que el análisis informático busca identificar a los usuarios que intervinieron en determinados registros. Sin embargo, esa investigación debe mantenerse diferenciada del juicio que actualmente enfrenta Rivas.
¿Por qué el caso de Rivas tiene impacto institucional?
El caso trasciende la discusión sobre un título universitario porque involucra el funcionamiento de mecanismos estatales destinados a acreditar la idoneidad profesional de quienes ejercen determinadas funciones.
La obtención de una matrícula de abogado ante la Corte Suprema de Justicia permitió a Rivas presentarse oficialmente como profesional del Derecho. Posteriormente, esa condición fue utilizada para ocupar un lugar en el JEM, órgano encargado de intervenir en procesos relacionados con magistrados y otros operadores de justicia.
El caso plantea, por tanto, una cuestión de seguridad jurídica y control institucional: qué mecanismos permiten verificar que una persona que acredita determinada formación profesional realmente cumple con los requisitos exigidos por el Estado.
La dimensión política se amplió cuando Rivas ejerció funciones de representación parlamentaria ante el JEM. La controversia sobre sus credenciales académicas quedó así vinculada con la composición y funcionamiento de una institución clave dentro del sistema de justicia paraguayo.
El juicio deberá determinar responsabilidades penales concretas, pero sus efectos institucionales pueden ser más amplios. Una eventual sentencia podría incidir en la discusión sobre los controles aplicados para registrar títulos, otorgar matrículas profesionales y verificar antecedentes académicos antes de permitir el acceso a cargos de representación o decisión pública.
¿Qué pruebas presentará la Fiscalía durante el juicio?
El Ministerio Público comenzó el juicio con testimonios de exautoridades y directivos de la Universidad Sudamericana, considerados relevantes para establecer si Rivas efectivamente cursó la carrera y obtuvo las credenciales académicas que presentó.
La estrategia fiscal también contempla documentos vinculados con el MEC, la matrícula profesional y los antecedentes utilizados para acreditar la condición de abogado. La prueba deberá ser valorada individualmente por el Tribunal de Sentencia y luego en conjunto para determinar si existe responsabilidad penal.
El juicio continuará con nuevos testigos. Para este 13 de agosto, está prevista la declaración de la exsenadora Kattya González, además de otros testigos convocados por el Ministerio Público, entre ellos el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Hugo Ramírez.
La Fiscalía sostiene que la acusación podría derivar en una expectativa de hasta 11 años y seis meses de pena, considerando los hechos punibles atribuidos. Esa eventual sanción dependerá, sin embargo, de la valoración judicial de las pruebas y de la calificación jurídica que finalmente corresponda.
¿Qué está en juego para Hernán Rivas y las instituciones públicas?
El juicio deberá establecer si Hernán Rivas utilizó conscientemente documentos públicos de contenido falso para obtener su matrícula profesional y acreditar posteriormente su condición de abogado. Esa es la cuestión penal que el Tribunal de Sentencia deberá resolver a partir de las pruebas producidas durante el debate.
Pero el expediente también expone una cadena institucional que involucra a la Universidad Sudamericana, el MEC, la Corte Suprema, el Congreso y el JEM. Cada una de esas instituciones intervino, en distintos momentos, en la validación, registro, acreditación o utilización de la condición profesional cuestionada.
La sentencia tendrá que definir la responsabilidad penal individual de Rivas. Al mismo tiempo, el caso dejará planteada una discusión sobre la eficacia de los controles que permitieron que una credencial profesional cuestionada llegara a producir efectos dentro del Estado.
En ese punto se encuentra la principal dimensión institucional del proceso: más allá del resultado judicial sobre Hernán Rivas, el expediente pone bajo examen la capacidad de las instituciones paraguayas para verificar la autenticidad de las credenciales que habilitan a una persona a ejercer como profesional y, posteriormente, ocupar posiciones de relevancia dentro del sistema público.
Periodista Senior