El sospechoso habría construido durante años un mismo mecanismo para ingresar a viviendas: ganarse la confianza de las empleadas, hacerse pasar por una persona autorizada y acceder a lugares donde se guardaban objetos de valor y dinero. La Policía continúa tras sus pasos.
Un hombre identificado como Aldo René Ibarra Cubilla, de 55 años, es buscado por la Policía Nacional debido a una serie de presuntos robos cometidos durante los últimos 15 años. Según los antecedentes difundidos, acumula más de 50 denuncias y es conocido por los investigadores con el alias de “el encantador de empleadas”, debido a la forma en que presuntamente consigue ingresar a las viviendas.
De acuerdo con la información publicada por Última Hora, el sospechoso habría utilizado durante años un mecanismo similar: presentarse ante las trabajadoras de las casas con una historia aparentemente creíble, establecer una conversación que genere confianza y convencerlas de que tenía autorización del propietario para ingresar.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 2 de septiembre de 2026, en una vivienda de Asunción, donde presuntamente logró apoderarse de G. 100 millones.
Una identidad falsa para ingresar a la vivienda
En este último episodio, el hombre habría llegado al domicilio haciéndose pasar por joyero. Según el relato de la víctima, manifestó que llevaba una joya que la propietaria de la casa le había enviado para reparar.
El desconocido pidió a la empleada el número telefónico del dueño de la vivienda. La trabajadora se lo proporcionó y el hombre realizó una llamada. Sin embargo, según el testimonio difundido, después de que el propietario atendiera, el sospechoso habría cortado la comunicación y simulado que continuaba hablando con él.
Con esa maniobra habría convencido a la empleada de que contaba con autorización para entrar.
Una vez dentro de la casa, le pidió que lo acompañara hasta una habitación. Allí habría dejado la supuesta joya y comenzó a preguntar por otros objetos de valor y por el lugar donde se guardaban las joyas.
El dinero estaba dentro de un ropero
La situación tomó otro giro cuando el sospechoso habría detectado que uno de los roperos se encontraba cerrado con llave. Según el relato de la víctima, el mueble contenía dinero destinado al pago de proveedores de un negocio familiar.
El hombre habría utilizado un destornillador para forzar el ropero y acceder al dinero. Posteriormente, habría abandonado el domicilio con los G. 100 millones.
Lo llamativo del caso es que, según los antecedentes difundidos por la Policía y recogidos por medios de comunicación, el hombre habría repetido durante años estrategias similares y no habría recurrido a la violencia física contra sus víctimas.
Una búsqueda que lleva años
La investigación policial apunta a que el sospechoso habría conseguido mantenerse fuera del alcance de la Justicia durante aproximadamente 15 años, pese a la existencia de numerosas denuncias en su contra.
La reiteración del supuesto mecanismo constituye uno de los principales elementos que llaman la atención de los investigadores: el acceso a las viviendas no se produciría mediante la fuerza inicial, sino a través del engaño y la manipulación de la confianza de quienes se encuentran en el lugar.
Hasta el momento de la publicación de la información, la Policía Nacional no había logrado detener a Ibarra Cubilla.
La advertencia detrás del caso
El episodio vuelve a poner en evidencia la importancia de verificar la identidad y las supuestas autorizaciones de personas que llegan a una vivienda alegando realizar trabajos, entregar objetos o actuar por encargo de los propietarios.
Especialmente cuando se trata de trabajadores domésticos o personas que permanecen solas en una casa, la recomendación es confirmar directamente con el propietario cualquier autorización para permitir el ingreso de desconocidos, incluso cuando la persona presente una historia aparentemente convincente.
Mientras continúa la búsqueda, el caso del denominado “encantador de empleadas” permanece bajo investigación policial y judicial. Las denuncias existentes deberán ser esclarecidas por las autoridades y corresponde preservar la presunción de inocencia del sospechoso hasta que exista una resolución judicial firme.