La funcionaria del Congreso, Adelina Acosta Armoa y Darío Flores devolvieron G. 300 millones a los familiares de la víctima fallecida por un cable suelto de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mediante un acuerdo que se llevó a cabo en una escribanía de Coronel Oviedo.
El abogado defensor de las víctimas indicó que aún quedan detalles pendientes referente al saldo faltante.
La fiscal Norma Salinas comentó a la 1080 AM que “celebro que estas personas tengan la predisposición de hacer la devolución. Falta la reparación social, a parte de darle a las víctimas lo que les corresponde”.
“Hay varios elementos sueltos todavía, por ejemplo el escribano que dijo que no realizó la escritura, el contenido de este documento, los que habilitaron el pago”, agregó la fiscal alegando que continuarán las investigaciones pertinentes.
Por su parte, el titular de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que ya se inició una auditoría interna tras el escándalo de la apropiación de G. 800 millones que la compañía destinó a las familias por la muerte de dos ciudadanos en Caaguazú.
“Vamos a verificar las documentaciones y el procedimiento que se tiene que seguir, para comprobar si fue legal o no. Están las documentaciones, pero ahora vamos a ver si son reales o no”, puntualizó.
