La última: El Gobierno les regala Gs. 6.800 millones
Las maniobras de los camioneros -mal llamados empresarios del transporte público- son inagotables y transitan todos los niveles imaginables. La penúltima amerita la intervención de la Contraloría General de la República. Petropar fue autorizada a entregarle a los camioneros 12 millones de litros de gasoil “a precio de portón”, es decir, a 4.363 guaraníes el litro. Esto significa que el Gobierno le regala a esta gente mas de Gs 6.800 millones de guaraníes “de onda”, en 60 días, sólo para que sigan haciendo rodar su montón de chatarra y no dejen a la gente a pie en plena pandemia.
Esta es la forma en que trabajan los camioneros, siempre a los empujones con el Gobierno, poniéndolo contra la pared y obligándolo a tomar medidas que van directamente contra el patrimonio público. Los casos se repiten a lo largo de las décadas.
En 1.996, los camioneros convencieron al directorio del Banco Nacional de Fomento que los apoyara financieramente para renovar la flota. El plan fue exitoso… para los camioneros.
Algunos solicitantes fueron favorecidos con créditos que superaban hasta 300 veces su capital social. El resultado fue previsible. El BNF acumuló un impago que ya en 2.004 superaba los US$ 48 millones, tanto en capital como intereses acumulados, etc. Todo esto está contenido en un juicio instaurado por el banco oficial para recuperarse de semejante golpe a su patrimonio.
En 2.015, los camioneros volvieron a las andadas y convencieron al Gobierno a que les diera una mano para renovar (otra vez) la flota. Cartes ordenó que se les regalara US$ 20.000 por cada bus nuevo e iniciar así el cuento chino del “sistema diferenciado”, mucho más caro que el común.
Pero esto tampoco fue suficiente. El Gobierno volvió a abrir su chequera de subsidios y para 2.017 ya había dilapidado otros US$ 70 millones. Ahora nos enteramos que este año, los camioneros tienen tirados en los corralones mas de 600 buses inservibles porque no invirtieron un solo guaraní en su reparación.
Todo esto no es sólo una vergüenza -subsidiar a un montón de sinvergüenzas e inútiles- sino un atraco liso y llano al tesoro público que debiera ser investigado por la Contraloría General.
¿No sería mejor acabar con esta farsa del transporte publico a cargo de empresas privadas? ¿Por qué no emprenden un sistema público?
Por ahí, hasta sería más barato y eficiente.
