Hoy miércoles, a las 11 de la mañana, se desarrollará la sesión virtual “reservada” donde autoridades públicas darán detalles sobre el operativo militar desplegado hace exactamente una semana atrás, en la tarde del miércoles 2 de septiembre.
Como representantes del Gobierno estarán: Bernardino Soto Estigarribia, ministro de defensa, Euclides Acevedo, ministro del interior, Héctor Grau, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), Francisco Resquín, comandante de la Policía Nacional y Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado.
Además de ellos estarán presentes los médicos forenses Pablo Lemir y Cristian Ferreira. Así también los fiscales que participaron y otros mandos militares inferiores.
Víctor Ríos, senador nacional por la bancada B del Partido Liberal (oposición), hasta el cierre de este artículo se encontraba en comunicación con otros líderes de bancadas. Esto para exigir de manera conjunta que la sesión reservada se convierta en una audiencia pública.
“Ya conversé con Fernando Lugo y coincidimos. Ahora quiero saber la opinión de los restantes líderes”, informó.
PROCEDIMIENTO
El pasado miércoles 2 de setiembre, Abdo Benítez, presidente de la República, viajaba de forma urgente al departamento de Concepción, específicamente al distrito de Yby Yaú, esto por la información que recibió de que Magna Meza, una de las líderes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue abatida por las Fuerzas de Tarea Conjunta (EPP), unidad militar de fuerzas especiales creada específicamente en el 2013 para la eliminación del mencionado grupo guerrillero.
En la tarde, Abdo anunció que si bien no era Meza la abatida, eran dos integrantes mujeres sin precisar la edad ni las identificaciones. Consideró el operativo como un éxito. Sin embargo, 48 horas después, familiares y periodistas revelaban que en realidad las mismas eran niñas de solo 11 años.
“Lo que pasó fue bochornoso, horroroso. Lo que quiere el Ejecutivo con esto es que el Senado legitime. Si el Congreso se presta al secretismo, al manoseo del acaso quedaremos involucrados en el bochorno internacional”, refirió.
El legislador hacía alusión como “bochorno internacional” primeramente al comunicado del Gobierno argentino, a través de Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, que repudiaba como la inteligencia de las Fuerzas Armadas desconoció la presencia de las menores en la base guerrillera asaltada dos días antes.
El sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a nuestro país esclarecer el hecho y tomar políticas para que menores ya no estén involucrados en grupos armados, haciendo eco al gobierno del vecino país.
Esto también fue emulado un día después, el domingo 6, cuando las Naciones Unidas, a través de su representante para América del Sur; Jan Jarab solicitó la investigación imparcial y sin demora del caso.
DESCONFIANZA
Existe una desconfianza reflejada en varios legisladores y sectores sociales por varios aspectos del operativo.
En primer lugar el anuncio, a través de una conferencia de prensa el pasado jueves, por parte de los médicos forenses de que las menores tenían entre 15 a 17 años. Hecho que fue desmentido por documentos que publicó un periodista local previa colaboración de familiares de las menores. Es decir, el Gobierno nunca reconoció la edad real de las niñas.
Además, de esto no existe filmación alguna del procedimiento. Algo llamativo ya que este tipo de operaciones son grabadas por la gravedad de la cuestión.
Las anomalías que despiertan suspicacias no terminan aquí, ya que pocas horas después del enfrentamiento, los cuerpos fueron enterrados y las prendas incineradas bajo el pretexto Covid-19.
Ríos no quiso ser irresponsable en dar una opinión extensa sobre lo que en realidad pudo haber pasado esa tarde pero sí expresó que está seguro que fue un error de las FTC que quiso ser legitimado con la presencia de Abdo.
“Esto va a terminar como la masacre de Curuguaty. Tampoco hay filmaciones como en aquella oportunidad. Mismo modus operandi”, sentenció.
PÚBLICA
Rocío Duarte, politóloga y especialista en Ciencias Sociales, expresó que el Estado debe rendir cuentas de todos los recursos que se destinan para el combate del grupo guerrillero.
“El Gobierno alega tener intenciones democráticas para combatir a este grupo criminal. Sin embargo, uno de los pilares de la democracia es la transparencia, cosa que no se ve en la aclaración del hecho”, expresó.
Para la analista, si el Gobierno decide no hacer públicas las explicaciones de este mediodía, solo se demostrará que está manipulando instituciones para encubrir la mala gestión llevada a cabo en el operativo.
PROTECCIÓN
Kattya González, diputada nacional y presidenta del Frente parlamentario por los derechos de la infancia y la adolescencia, lamentó por su parte que el hecho de que las familias de las menores las hayan expuesto, esto no significa que el Estado les pueda quitar las vidas.
“Es una actitud deleznable de los padres. Pero nada podemos exigir a un grupo criminal. No así al grupo militar del gobierno que si le podemos exigir. No fue leal ni correcto el procedimiento desplegado”, cuestionó.
