El pasado viernes se dio una particular determinación en lo relacionado a la explotación de la quiniela nacional. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza por unanimidad la acción de inconstitucionalidad planteada por la firma Technologies Development of Paraguay (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, explotadora del tradicional juego de azar.
La firma solicitaba con esto no pagar los cánones en concepto de “premios no cobrados” que por el artículo 19 de la ley 1016 está obligada a pagar. Sin embargo, en el mismo día, la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar), anunció que la misma firma era la adjudicada para explotar nuevamente el servicio por otros cinco años (inició en el 2015 y con esto se extiende hasta el 2025).
Esta acción de inconstitucionalidad, fue planteada por la empresa debido a una serie de denuncias periodísticas y de fundaciones quienes la acusaban a de incumplir el pago de premios no cobrados establecido en el mencionado artículo 19.
El argumento de José Fernández Zacur, asesor legal de TDP fue que la Conajzar les avaló no tener que pagar dichas sumas con otra resolución interna. Hecho que no fue desmentido ni confirmado por José Antonio Ortiz, actual titular de la Conajzar, quien se niega a aclarar la cuestión a la prensa.
PEDIDO DE INFORMES
Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu junto a Salyn Buzarquis, senador nacional por el Partido Liberal (PLRA), solicitaron informes a la entidad pública sobre qué pasó del dinero de los premios no cobrados el pasado jueves en la sesión extraordinaria del Senado.
El tiempo máximo para que la Conajzar responda es hasta el martes 22 de septiembre.
Esto representa un monto cercano a los US$ 7 millones de forma anual. Estos recursos deben ser donados al Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (Fonaress), a excombatientes (o a sus familias) y a fundaciones. Esta falta de pagos se da desde el 2016 según denunció Yan Speranza de la fundación Moisés Bertoni. Con esto serían más de US$ 20 millones los que TDP adeuda en este concepto.
“Ambos aportes están definidos por ley. Es una interpretación absurda que la empresa le da para no cumplirlos. Algo llamativo es que esta misma empresa fue asignada con la titularidad de la quiniela el mismo día que la Corte les dice que tienen que pagar”, lamentó Querey.
Independientemente a los días que la Conajzar tiene para informar al Senado, también hasta el lunes 14 del corriente recibirá pedidos de reconsideraciones de las empresas que se postularon y no fueron electas. Con esto, recién el lunes 21 quedaría oficialmente adjudicada nuevamente TDP con la explotación del juego.
El rubro genera una recaudación de US$ 130 millones al año, según datos que se manejan.
