El uso obligatorio del billetaje electrónico, que en octubre había entrado en vigencia y luego 15 días fuera suspendido debido a múltiples falencias que se encontraron, sigue siendo un tema de debate. En el Legislativo buscan encontrar al responsable del fracaso de la implementación. Ayer autoridades y empresarios dieron explicaciones a la Cámara Baja.
Por otra parte, un grupo de opositores de la Cámara Baja están llevando adelante un proyecto de Resolución para interpelar al viceministro de Transporte, Pedro Britos para que este explique respecto a los procesos internos llevados adelante desde su cartera.
Es importante recordar que el uso obligatorio del Billetaje electrónico fue suspendido hasta el 31 de diciembre de este año, tras detectarse una serie de problemas en la distribución y venta de las tarjetas, reclamos de falto de locales de recargas y denuncias de usuarios en cuanto a la carga y posterior saldo que les figuraba.
La semana pasada, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) abrió un sumario contra las empresas de las tarjetas del billetaje electrónico: Más y Jaha. Ambas empresas se exponen a una multa de 20 a 10.000 jornales, y en 30 a 40 días se tendrá una resolución al respecto.
INUNDARÁN EL MERCADO CON TARJETAS
El viceministro de Transporte, ayer luego de una reunión con los Diputados en la que entregó datos sobre el billetaje electrónico y las estrategias que se llevarán delante de ahora en más, explicó que las empresas que se encargan de explotar este servicio empezarán a “inundar” el mercado con las tarjetas.
Sostuvo que a eso están apuntando además de contar con mayores puntos de ventas y recargas. “Estamos en un proceso de verificación, teníamos a 8.000 puntos, y yo creo que vamos a llegar a 10.000 y estamos haciendo las fiscalizaciones correspondiente; hemos notificado a ambas empresas de un mapeo de dónde queremos que estén las tarjetas,”, adelantó.
A criterio del alto funcionario la implementación que se tuvo fue una buena experiencia, ya que se ha comprobado que el sistema funciona. No obstante, reconoció que desde la suspensión del uso obligatorio, ha disminuido las transacciones pero que se mantiene en un 60, 65% y que ya se han concretado los 10 millones de viajes con el uso de la tarjeta electrónica.
“Creo que ajustando todas estas acciones, fiscalizando sobre todas las cosas vamos a tener una buena implementación”, afirmó. Al tiempo de agregar que ya se cuenta con un proyecto que castiga la reventa de las tarjetas y que además ahora se “inundará” al mercado de tarjetas que creen desalentarán las reventas.
INTERPELACIÓN
Respecto a su posible interpelación, el viceministro aseguró que su obligación es dar respuesta al Congreso Nacional y a quien necesite por lo que está a disposición.
Cabe recordar que la diputada Kattya González (PEN) junto a otros colegas está impulsando el proyecto de interpelación a Britos. Hasta ayer aún no contaban con las 12 firmas para la presentación oficial del documento.
En caso de que apruebe, el viceministro deberá responder en total 10 preguntas. Entre algunas de las consultas piden saber cuáles fueron los procesos internos llevados adelante por el Viceministerio del Transporte para la implementación del billetaje electrónico, en especial los responsables y sus cargos de las previsiones relacionadas con la venta y recarga de tarjetas, el precio, los puntos de venta, los contratos y dinámicas para la protección del derecho de los usuarios del transporte público.
Asimismo, cuáles fueron las opciones consideradas en cuanto al modelo de contratación de las empresas y los motivos que llevaron a que finalmente se ponga en marcha, habiendo otros modelos o alternativas, además de otras preguntas.
100 MIL TARJETAS EN MANOS DE REVENDEDORES
Por su parte, Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, y representante de la tarjeta “Jaha” comentó que no existe un solo culpable en el caso del billetaje sino que “todos fallamos” ya que una implementación de una envergadura incalculable que modifica una modalidad de pago que tiene una tradición de más de 50 años en un millón de personas y de los cuales el 70% no son bancarizados.
“Hay que hacer un mea culpa, reconocer y levantar la mano de que no vimos el rostro de ilegal, del informal, del sinvergüenza que se apoderó de tarjetas para beneficiarse de la explotación”, refirió.
Agregó que se vendieron más de 360.000 tarjetas, de los cuales 100.000 solamente se recargaron una vez, lo que quiere decir que están en manos de revendedores o incluso de dueños de telefonía que usaban para hacer promociones.
“Nosotros tenemos fotografías donde dice que si usted hace su portabilidad le regalamos una tarjeta con 4 pasajes por G. 40.000, ese es el punto que tenemos que atacar muy fuertemente y con vehemencia, un castigo a aquel que pretende lucrar con la economía del más necesitado”, concluyó.
