El proceso que duró ocho años dio su primer gran tropiezo a menos de un mes de su intento por llegar a una implementación completa en Asunción y área metropolitana. La falta de planificación y gestión de distribución de las tarjetas hizo que finalmente el Viceministerio de Transporte diera un paso al costado hasta finales de este año.
Las inconformidades de los diferentes usuarios arrastradas desde hace semanas fue lo que derivó en que el viceministro de Transporte, Pedro Britos, anunciara este fin de semana que el pago con el billetaje electrónico quedó suspendido, dejando abierta la posibilidad del pago en efectivo hasta el 31 de diciembre.
”Vamos a suspender el pago obligatorio del billetaje hasta poder solucionar el tema logístico. Existen tarjetas y estamos tratando de hacer llegar a la gente”, dijo durante entrevista en el programa La Lupa.
Asimismo, mencionó la venta de tarjetas que se llevó a cabo en la plaza central de la ciudad de Capiatá, donde embarazadas y adultos mayores se encontraban aglomerados por la poca distribución de las tarjetas.
Un punto que juega en contra en todo el proceso, según argumentó la cartera estatal, es que actualmente 100 mil tarjetas están en manos de revendedores. Sin embargo, ninguna explicación va en contra de las empresas proveedoras, que en la práctica deberían ser las encargadas de que la emisión del plástico sea equitativa a la cantidad de demanda existente.
En entrevista con este medio, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, acotó que van a reforzar la logística de las tarjetas. “El sistema funciona súper bien, se vendieron 570.000 tarjetas y ya se realizaron más de 5 millones de viajes desde el 23 de octubre hasta la fecha, su uso diario aumentó día a día, el proyecto vino para quedarse y el billetaje vino para quedarse”.
Por su parte, Alejandro Zuccolillo, empresario del rubro de transporte y directivo de la Confederación de Transporte del Paraguay (Cotapar), comentó que de 8.000 personas en el sistema pasaron a tener unas 500 mil, lo cual es un crecimiento exponencial.
“Cualquier sistema informático o financiero lleva un tiempo de adecuación. Cuando recién salieron los cajeros automáticos era un desastre, las personas no sabían cómo sacar su plata, faltaban los cajeros. Con el billetaje electrónico, las personas pueden pensar que el sistema no está siendo eficiente, pero estamos buscando algo mejor. Todo proceso de cambio tiene un periodo de dificultad”, señaló Zucolillo.
Agregó que era muy fácil tener los puntos de recarga de saldo anteriormente, pero cuando son 500 mil personas que están buscando dónde recargar se deben tener más tarjetas disponibles.
“Estamos trabajando con el Gobierno en algunas alternativas para mantener la obligatoriedad, pero que no falte el servicio a las personas que no tienen las tarjetas y es el hecho de que se les asigne a todos los conductores una tarjeta cargada con el saldo máximo y cuando la persona que sube solo cuenta con efectivo, el conductor valida con la tarjeta”, adelantó.
Contó que a partir de enero llegarán 250 mil tarjetas adicionales de un operador y 200 mil del otro, se tendrá el doble de la cantidad actual, con la cual se sanearía todos los problemas.
“En enero se utiliza menos el transporte porque hay vacaciones y no hay clases. Existe toda una coyuntura que hace que sea un mes de poca operación, con lo cual se podría formalizar el sistema y prepararlo para una mayor cantidad de usuarios en los meses siguientes”, dijo el empresario.
El empresario hizo referencia a que esta situación es tomada por algunas personas “para tratar de agravar el problema”
“Si el 1% se queja son 5.000 personas y son muchas quejas, si por más que el 90% esté contento, si el 10% no, ya son 50 mil personas quejándose. Cualquier porcentaje ínfimo de la gente que está utilizando el sistema y se están quejando ya va a ser muy ruidosa y muy sentida”.
Zucolillo cree que esto no es una señal para retroceder en el sistema. “A Argentina le tardó dos años lograr implementar el sistema, lo que sí creo es que hay que dar soluciones a la ciudadanía. No podemos tener la inconsciencia nomas de decir que no viajen porque no consiguieron tarjetas, si es que hay un problema de la operadora de provisión”.
El objetivo actual es garantizar el viaje de las personas, pero sin afectar un sistema que tiene 5 años desde su concepción, proyecto de ley, implementación, una prueba operativa, uso opcional y hace 10 o 20 días que es obligatorio.
“El problema de los revendedores se va a sanear en un 100% cuando la disponibilidad de tarjetas sea más grande y entonces deje de ser un negocio. Cómo van a salir a revender a G. 20 mil si hay una cantidad casi ilimitada de tarjetas a G. 10 mil. Los primeros días había tanta cantidad de tarjetas disponibles que no había necesidad de revender, a medida que se fueron acabando, muchos aprovecharon”, explicó.
Finalmente, resaltó que es una gran conquista de la transparencia del sistema de transporte público que ha sido cuestionado por su manejo, forma de operar, su costo y entienden como operadores que haya personas inconformes y no puedan viajar, lo que es inaceptable.
“Debemos garantizar que todos puedan viajar y tenemos una comprensión absoluta sobre las personas que han quedado sin esta posibilidad. Yo hice mi propuesta, ahora está en la cancha del Gobierno y las empresas operadoras”, concluyó Zucolillo.
Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas, por su parte, señaló que todo lo que sea provisión del sistema de las tarjetas que se usa para el funcionamiento del billetaje electrónico es emergente de una relación entre la empresa transportista y las empresas privadas.
Sostuvo que en esa relación no interviene el Estado, solo como regulador, no paga nada, no pone dinero para el funcionamiento del sistema.
“Lo único que tiene comprado el Estado es un soporte de monitoreo de funcionamiento del sistema que es el que provee toda la información que el viceministro de Transporte suele tuitear que es cuántas tarjetas se vendieron, etc, pero el soporte que controla todo eso es provisto por la empresa tecnológica a las de soporte en una relación privada entre ellos. En vez de comprar, el Gobierno decide cómo tiene que ser el sistema desde el punto de vista tecnológico y regularlo, pero no invertir”, aseguró Seitz.
