El retraso en el pago de deudas del Estado por unos US$ 1.500 millones durante el 2025 generó un sobrecosto superior a US$ 200 millones, según advirtió el economista Sergio Sapena, quien cuestionó la administración financiera del Gobierno y alertó sobre el impacto económico de la mora con proveedores.
El especialista sostuvo que la decisión de mantener restringido el déficit fiscal derivó en tres efectos negativos para la economía. El primero, explicó, fue la menor circulación de dinero y una desaceleración del crecimiento económico debido al retraso en los pagos a empresas proveedoras del Estado.
El segundo efecto, según indicó, fue el incremento de la prima de riesgo país y el aumento de las tasas de interés para empresas y familias. En ese sentido, afirmó que los costos financieros pasaron del 12% al 15%, encareciendo el acceso al crédito en distintos sectores de la economía.
Sapena señaló además que el tercer impacto negativo recae directamente sobre las finanzas públicas, ya que el retraso en los desembolsos genera costos adicionales para el Estado. “Sobre los US$ 1.500 millones se generan más de US$ 200 millones adicionales de desembolso”, sostuvo.
RESTRICCIÓN FISCAL
El economista cuestionó que el Gobierno mantenga el límite del déficit fiscal equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando que una flexibilización temporal podría evitar mayores costos económicos y financieros.
A criterio del analista, elevar el déficit fiscal hasta el 6% permitiría al Estado cumplir con sus compromisos pendientes, evitar el sobrecosto derivado de la mora y reducir el impacto sobre la actividad económica.
PAGOS PARCIALES
Hasta el momento, el Gobierno incrementó parcialmente los desembolsos destinados al pago de deudas con constructoras y farmacéuticas.
En el caso de las empresas viales, el pago realizado ronda los US$ 85 millones de una deuda superior a US$ 300 millones correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mientras tanto, a las compañías farmacéuticas se desembolsaron cerca de US$ 100 millones de un pasivo estimado en alrededor de US$ 1.000 millones.
Sapena advirtió que el retraso acumulado representa un daño patrimonial para el Estado y sostuvo que el costo final termina trasladándose a los contribuyentes mediante mayores gastos financieros y menor dinamismo económico.
DEBATE SOBRE EL DÉFICIT
El debate sobre la sostenibilidad fiscal vuelve a instalarse en medio de las restricciones presupuestarias y la presión de distintos sectores empresariales que reclaman mayor velocidad en los pagos estatales.
Especialistas consideran que el desafío del Gobierno será encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la necesidad de sostener la actividad económica, evitando que el retraso en los pagos continúe generando costos adicionales para el sector público y privado.
Periodista Senior