El organismo multilateral propone priorizar obras de alto impacto, ampliar las asociaciones público-privadas y movilizar recursos del mercado de capitales. Su representante, Alonso Chaverri-Suárez, sostiene que el desafío no consiste solamente en invertir más, sino en mejorar la planificación, la ejecución y el mantenimiento de los proyectos.
Paraguay puede sostener la inversión pública en infraestructura sin abandonar la disciplina fiscal, pero necesita mejorar la selección de proyectos y diversificar las fuentes de financiamiento. Esa es la posición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que plantea combinar recursos presupuestarios con participación privada, concesiones y mecanismos del mercado de capitales para atender las necesidades de inversión del país.
El representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, sostuvo que ambos objetivos no deben considerarse incompatibles. La infraestructura contribuye al crecimiento de la productividad, reduce los costos logísticos, facilita la instalación de empresas y amplía el acceso de la población a servicios. Sin embargo, advirtió que el desafío fiscal exige administrar mejor los recursos disponibles y garantizar que las obras puedan ejecutarse y mantenerse durante su vida útil.
“Pero el reto no es solamente invertir más, sino invertir mejor: priorizar proyectos de alto impacto, fortalecer la planificación plurianual, mejorar la coordinación entre presupuesto, contratación y ejecución y asegurar recursos para mantenimiento”, expresó.
El planteamiento coloca el foco en la calidad de la inversión pública y en la capacidad del Estado para transformar los recursos disponibles en infraestructura operativa. En un escenario de restricciones presupuestarias, la selección de obras, sus costos y los compromisos financieros que generan a largo plazo adquieren un peso central.
¿Cómo financiar más obras sin elevar la presión fiscal?
El BID propone complementar el espacio fiscal disponible con cooperación multilateral, concesiones, asociaciones público-privadas (APP), instrumentos de garantía y financiamiento a través del mercado de capitales.
La participación privada puede aportar capital, financiamiento, innovación y capacidad de gestión. También permite distribuir determinados riesgos de construcción y sobrecostos, siempre que los contratos establezcan con claridad las obligaciones de cada parte.
No obstante, la incorporación de capital privado no elimina la necesidad de evaluar el costo total de los proyectos ni sus posibles efectos sobre las finanzas públicas. Las APP y las concesiones requieren analizar los compromisos de largo plazo, las garantías otorgadas y los riesgos que podrían terminar trasladándose al Estado.
En ese esquema, Chaverri-Suárez destacó que el Grupo BID puede intervenir mediante distintas instituciones. El BID trabaja con el sector público, BID Invest canaliza financiamiento hacia empresas e inversionistas, mientras que BID Lab apoya soluciones innovadoras.
El representante también subrayó que la participación privada no sustituye las responsabilidades estatales. “El Estado mantiene un rol central en la definición de prioridades, la regulación y la protección del interés público”, afirmó.
La combinación de fuentes de financiamiento, por tanto, requiere una estructura institucional capaz de seleccionar proyectos, establecer reglas previsibles y supervisar los contratos. Sin esas condiciones, una obra financiada mediante mecanismos alternativos puede generar obligaciones que condicionen los presupuestos futuros.
¿Qué necesita Paraguay para ampliar las APP?
Chaverri-Suárez reconoció avances en el desarrollo de las asociaciones público-privadas en Paraguay, aunque identificó desafíos relacionados con los largos tiempos de preparación y la necesidad de contar con proyectos técnicamente maduros.
Entre las condiciones necesarias mencionó contratos equilibrados, reglas previsibles, una distribución adecuada de los riesgos y capacidad pública para estructurar, licitar y supervisar compromisos de largo plazo.
La preparación de los proyectos es un punto determinante. Una iniciativa debe contar con estudios técnicos, una estructura financiera viable y una asignación clara de responsabilidades antes de avanzar hacia una licitación. De lo contrario, los cambios durante la ejecución pueden elevar los costos, retrasar los plazos y debilitar la previsibilidad para el sector privado.
El BID también plantea ampliar el uso de las APP más allá de las carreteras. La propuesta supone adaptar los mecanismos de participación a las características de cada sector, en lugar de replicar un único modelo contractual para todas las obras.
“También es importante generar espacios permanentes de diálogo entre el Estado, las empresas, el sistema financiero y los organismos multilaterales”, sostuvo el representante.
La diversificación sectorial podría ampliar las alternativas para financiar infraestructura, pero dependerá de que existan proyectos con demanda identificable, riesgos evaluables y condiciones contractuales capaces de atraer inversionistas.
¿Qué papel puede cumplir el mercado de capitales?
El mercado de capitales aparece como otra vía para movilizar recursos hacia proyectos productivos sin depender exclusivamente de los créditos bancarios o del presupuesto público.
Chaverri-Suárez señaló que BID Invest prioriza proyectos privados que combinen viabilidad financiera, impacto en el desarrollo, generación de empleo y estándares ambientales y sociales. Su cartera reciente, según detalló, incluye infraestructura vial, conectividad, financiamiento empresarial y proyectos forestales e industriales.
Para los grandes proyectos de infraestructura, BID Invest también desarrolló un mecanismo relacionado con las APP paraguayas que permite titularizar certificados de pago emitidos por el Gobierno a medida que las obras avanzan y son certificadas, para posteriormente colocarlos en el mercado internacional de capitales.
El instrumento busca convertir determinados flujos de pago asociados a la ejecución de las obras en activos susceptibles de atraer financiamiento. Su aplicación depende de la estructura contractual y de las condiciones financieras de cada operación.
En el ámbito local, el representante destacó el potencial de las emisiones en guaraníes para financiar a instituciones financieras y empresas. Desde 2018, BID Invest realizó diez emisiones en moneda nacional por un total de G. 1,2 billones, equivalentes aproximadamente a US$ 200 millones, según los datos proporcionados.
Estas operaciones permitieron canalizar ahorro interno hacia inversiones productivas y ampliar las alternativas de financiamiento en moneda local.
Chaverri-Suárez también mencionó la participación de BID Invest como inversionista ancla en un bono en guaraníes equivalente a US$ 50 millones, con un plazo de diez años, destinado a expandir infraestructura digital.
“Estas experiencias demuestran que existe espacio para instrumentos de largo plazo, emisiones temáticas, garantías y estructuras que permitan movilizar a inversionistas institucionales hacia infraestructura”, manifestó.
Disciplina fiscal y capacidad de ejecución
La propuesta del BID plantea que el financiamiento de infraestructura debe evaluarse más allá del monto de inversión anunciado. La planificación plurianual, la madurez técnica de los proyectos y la disponibilidad de recursos para mantenimiento son factores que determinan su impacto económico y su sostenibilidad.
En el plano fiscal, las APP, las concesiones y las emisiones de deuda pueden ampliar las alternativas de financiamiento, pero no deben interpretarse automáticamente como mecanismos que eliminan los costos para el Estado. Las obligaciones contractuales, las garantías y los pagos futuros necesitan incorporarse a una evaluación integral de los riesgos fiscales.
El objetivo es construir una cartera de proyectos que contribuya a elevar la productividad y reducir los costos de la economía, al tiempo que preserve la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos presupuestarios.
Para Paraguay, el planteamiento abre una discusión sobre cómo combinar inversión pública, capital privado y ahorro local en un marco de previsibilidad fiscal. La capacidad de estructurar buenos proyectos y distribuir adecuadamente los riesgos será tan importante como conseguir los recursos para financiarlos.
