El manejo de las finanzas de la capital del país vuelve al centro de la tormenta política y económica tras las recientes reuniones del equipo de transición de la intendenta electa, Soledad Núñez.
Stephan Rasmussen, exlegislador e integrante clave de este equipo técnico, lanzó duras críticas contra la estructura de la deuda de la Municipalidad de Asunción, que asciende a más de G. 1,6 billones (unos US$ 230 millones entre capital e intereses), con un calendario de vencimientos que se extiende hasta 2035.
La principal polémica gira en torno al presunto desvío de los G. 500.000 millones emitidos en bonos durante la gestión de Óscar «Nenecho» Rodríguez. De acuerdo con las auditorías e informes preliminares del equipo de transición, el 93% de esos recursos extraordinarios se destinó a gastos corrientes, principalmente salarios y costos operativos de una comuna con una elevada cantidad de funcionarios. En contrapartida, apenas el 7% habría quedado para las obras de infraestructura que motivaron la emisión de la deuda.
Se fijó una reunión entre la actual administración y el equipo financiero de Núñez, con el objetivo de conocer en detalle la verdadera situación de la caja municipal. Por el momento, según las primeras indicaciones, habría fondos para cubrir los gastos rígidos, como salarios y provisiones esenciales, hasta diciembre.
Alerta por vencimientos
Rasmussen manifestó su preocupación por las condiciones financieras en las que fueron colocados los bonos, en especial las series emitidas durante 2020 y 2021.
«Cuestionamos que las emisiones de bonos tengan vencimientos de capital a muy largo plazo y que los recursos no se hayan destinado a inversiones de capital auténticas», señaló el técnico tras los primeros encuentros con la actual administración interina.
Esta modalidad, según el análisis financiero expuesto, permitió a la administración anterior postergar el pago del capital y abonar únicamente los intereses, trasladando compromisos al futuro y aumentando el peso de la deuda a largo plazo.
A corto plazo, la Municipalidad de Asunción arrastra una severa crisis de liquidez. Solo en compromisos inmediatos por intereses vencidos de bonos de series anteriores, como las identificadas con los códigos G5, G6, G8 y G9, la comuna llegó a acumular deudas superiores a G. 145.000 millones.
Reestructuración
Para mitigar el riesgo de demandas judiciales y evitar un incumplimiento de las obligaciones en el mercado de valores, la administración de Luis Bello estructuró un plan de refinanciación temporal.
Para 2026 se destinaron más de G. 90.000 millones, provenientes de recursos genuinos de la recaudación municipal, al pago de cuotas atrasadas.
El factor de marzo de 2027. Las obligaciones correspondientes a 2026, que superan los G. 120.000 millones, fueron diferidas y reprogramadas para marzo de 2027.
LLAMADA: «No hay crisis a corto plazo, pero sí un desangre financiero»
A pesar del complejo panorama, Rasmussen transmitió un mensaje de relativa tranquilidad respecto de la transición inmediata, aunque advirtió sobre los riesgos a mediano y largo plazo. Sostuvo que, según los datos proporcionados por la actual Dirección de Hacienda, «no habría problemas de caja inmediatos para el pago de proveedores, salarios o aguinaldos», por lo que la transición habría comenzado de manera ordenada.
«La situación no es crítica a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. Hay un número muy importante en bonos, entre capital e intereses, y tenemos un vencimiento crítico en marzo de 2027 que la nueva administración tendrá que renegociar obligatoriamente», advirtió el referente.
El equipo de Soledad Núñez considera que la solución de fondo no pasará por emitir más deuda, sino por aplicar un fuerte ajuste interno y mejorar la capacidad de recaudación municipal.
«Hay mucho desangre financiero en la recaudación; dinero que tiene que entrar al municipio y simplemente no entra. Debemos recuperar la confianza de la ciudadanía para que se ponga al día», puntualizó Rasmussen.
El integrante del equipo de transición adelantó que la nueva administración municipal llevará adelante una rigurosa auditoría externa y un corte administrativo formal una vez que asuma sus funciones.
