En el informe mensual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNP), sobre la situación de la población penitenciaria de personas adultas y
centros educativos para adolescentes, resaltó que unos 17 menores más se
insertaron al sistema penitenciario.
La población adolescente privada de su libertad ascendió de 190 a 207 en el 2022. Así, el informe señala que al analizar la fluctuación de este fenómeno, se observó que ninguno de los centros educativos destinados a la reclusión de los jóvenes registró un descenso.
Según el MNP, este es el primer informe en que se observa el fenómeno del incremento de la población adolescente privada de su libertad. Esta nueva realidad resulta inquietante debido a que podría representar el inicio del camino hacia el hacinamiento en los centros juveniles.
El MNP destacó que los jueces penales adolescentes y de ejecución vienen demostrando escasa especialización en el área y esto conlleva a utilizar la prisión como una de las principales alternativas en adolescentes, pese a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en su Observación General N° 24 del año 2019 sobre Justicia Penal Juvenil.
ESTADO FALLIDO
El fenómeno de aumento de la población juvenil privada de su libertad constituye un
reflejo de las condiciones de degradación que atraviesa esta franja etaria, detalló el
sociólogo Carlos Peris.
“La población juvenil en el Paraguay cada vez tiene menos oportunidades dentro del
ámbito legal. Cada vez hay más espacios de ilegalidad, que van ofreciendo
mecanismos de ascensión social. Al tener una población más grande y no dar
respuesta a la ilegalidad, muchos de nuestros jóvenes caen en cuestiones ilegales y
esto los lleva posteriormente a terminar en la cárcel”, mencionó.
Esta realidad se suma a la excesiva mora judicial, condición que somete a un gran
porcentaje de reclusos a permanecer en condiciones de hacinamiento en las
cárceles, sin una condena.
“Al analizar sociológicamente este fenómeno, tenemos que mirar que hay una
población más grande, más compleja, que tiene cada vez más necesidades, pero
esas mayores demandas no están siendo satisfechas. Así, desde la ilegalidad.
aparecen los mecanismos que captan a la población juvenil y es, justamente, esta la
razón que responde a por qué las cárceles se llenan”, sostuvo.
Para afrontar esta problemática el Estado debe estar más presente, ofreciendo una
mayor cantidad de servicios, de mejor calidad. “Paraguay no tiene verdaderas
políticas públicas de calidad. Los sistemas de educación y salud son públicos, pero
son un simple desastre”, explicó.
En esta misma línea, el sociólogo recordó que el Estado debe mostrar fortaleza a la
hora de afrontar este tipo de fenómenos. “No puede ser que un narcotraficante esté
andando en Pedro Juan Caballero y que él marque la lógica. El estado tiene que
demostrar que tiene el monopolio de la fuerza legal y dar un ejemplo aleccionador
justamente para que esas cuestiones ya no ocurran más”, recalcó.
El especialista agregó que “en Paraguay colapsó el estado, los funcionarios no
están especializados y no pueden contener esta cuestión”.
Por este motivo, Peris concluyó que el estado debe profesionalizar a sus
funcionarios para ofrecer servicios de calidad a sus funcionarios, pues ante los
indicadores actuales y la continúa ausencia del aparato estatal no se avizora un
panorama alentador.
