Con 27 votos contra 8 la Cámara de Senadores se ratificó en su versión del proyecto de ley del “Arancel Cero”. Sin embargo adoptó previamente algunas ampliaciones que hicieron Diputados hace exactamente un mes, cuando trataron el documento en cuestión.
La principal diferencia entre la versión Senado y Diputados es que los primeros establecían el arancel cero para todos los estudiantes sin discriminación. Sin embargo, diputados establecieron que solo sea para los estudiantes provenientes de instituciones públicas, no los privados.
Entre los cambios adoptados por el Senado se estableció que los beneficiarios no solo sean los estudiantes que quieran acceder a la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Sino también los que quieran ingresar al Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior y a los Institutos de Formación Docente dependientes del Ministerio de Educación (MEC).
Otras de las modificaciones fue que la gratuidad también se establezca en los cursillos de ingresos. El Senado no lo estableció en su versión original si la Cámara Baja. Con esto, el Senado adopta este cambio promovido por los diputados.
Para esta gratuidad se requieren de US$ 21 millones al año. El dinero será redireccionado de los recursos que el Fonacide destina al Tesoro Nacional y a los Fondos para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). Cabe recordar que el tesoro nacional destinaba ese dinero para obras públicas. Y que el FEEI las usaba para proyectos educativos. Sin embargo, en estos últimos existen serios cuestionamientos sobre el poco avance de los mismos.
POSTURAS
Los senadores que estuvieron a favor de la versión Diputados fueron algunos oficialistas y los patriaqueridistas. Por ejemplo Blanca Ovelar (ANR-Añeteté) y Stephan Rasmussen (PQ) coincidieron en que igualdad no es lo mismo que equidad. Es decir, que no tiene sentido dar la gratuidad a los que pueden pagar como a los que no pueden hacerlo.
Los legisladores tomaron como parámetro que los que cursan la educación media en instituciones privadas son personas con recursos.
Sin embargo, legisladores como Esperanza Martínez del Frente Guasu y el proyectista Víctor Ríos de la bancada B del Partido Liberal, coincidieron en que el espíritu de la ley es garantizar una ley fundamental; la del acceso a la educación. Por lo que insistieron en que debía ser gratuita para todos.
“La educación es un derecho ciudadano al igual que la salud. En nuestro país puede ser objeto de compra. Por lo que el acceso depende de la cantidad de dinero que se posee en los bolsillos”, cuestionó Martínez durante su oratoria.
Finalmente, la versión original con algunas mejoras fue la aprobada por la mayoría del pleno.
Ahora el documento pasa nuevamente a Diputados para su tratamiento. Cabe recordar que la Cámara de Diputados es cámara revisora. Es decir, que ellos decidirán que versión queda establecida finalmente.
