El pleno de la Cámara Baja decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso a las unidades académicas de formación de la Policía Nacional. El documento no contaba con los dictámenes de las diferentes comisiones asesoras.
Cabe recordar que esta iniciativa -con media sanción- originalmente solo planteaba que la mujer con hijo pueda concursar en las academias de policías pero en el Senado decidieron incluir también a los hombres, además de otras modificaciones pero enfatizando lo que establecía el proyecto inicial.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora Rocío Vallejo (PPQ), dijo que el proyecto hará justicia ya que esa prohibición en el reglamento a la carrera policial es una “discriminación inconstitucional”. Comentó que a causa de esto hay muchas personas, mayoría mujeres, que se vieron obligadas a ocultar su maternidad.
“Tienen que mentir porque el reglamento les dice que no pueden ser policía si tienen hijos, siendo la maternidad un derecho humano consagrado en cuanto instrumento jurídico exista a nivel nacional e internacional”, enfatizó.
En este mismo sentido, su colega Rocio Abed (ANR), señaló que es “inconcebible” tal discriminación y solicitó que aplazamiento del estudio de la iniciativa ya que según dijo están esperando pareceres de diferentes instituciones respecto al proyecto.
Por su parte, la diputada Celeste Amarilla (PLRA), manifestó que “ya pasó de moda en el mundo, ya ni se discute, en todo el mundo se aceptó que la mujer es igual al hombre, que tienen necesidades diferentes y sus necesidades tienen que ser regladas y permitidas por más diferentes que ellas sean, esta es una de ella, por mí se votaba hoy”.
No obstante, se allanó a la solicitud de sus demás compañeras por lo que se votó a favor de la prórroga del estudio del documento.
Es importante recordar que el proyecto tiene por objeto eliminar toda forma de discriminación que tenga como propósito restringir, excluir o impedir, el acceso a la postulación, selección y la admisión como aspirantes a las Unidades Académicas de formación de la Policía Nacional, por motivos de origen étnico, idioma, origen social, aspecto físico, posición económica, estado serológico, sexo, estado civil, filiación, maternidad, paternidad o cualquier otra condición no vinculada a la idoneidad para la función policial.
Así también incluye un apartado en donde señala que no será impedimento contar con modificaciones corporales voluntarias, como tatuajes o piercing; siempre y cuando los mismos no contengan un mensaje homófobo, xenófobo, violento u ofensivo, simbolicen a grupos criminales nacionales o extranjeros, hagan apología al consumo de estupefacientes, o representen a partidos o movimientos políticos.
Estipula que si alguna persona es discriminada, el defensor del Pueblo o la persona afectada, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración, podrán a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio, o donde tenga asiento la Comandancia de la Policía Nacional, dentro del plazo de sesenta días.
Además, la normativa también señala que en casos de que existan aspirantes a la Academia o al Colegio de Policía que no hayan informado su condición de madre o padre al momento de la admisión y con posterioridad hayan sido excluidas a dadas de baja por esa razón, por Resolución del Comandante de la Policía Nacional, serán reincorporadas.
