La Cámara Alta postergó el estudio del proyecto de Ley que obliga a empresas de telefonía públicas y privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de internet estatales con contenido educativo, que ofrecen cursos online o plataformas para postulaciones a becas o cursos.
El proyecto fue presentado hace meses por la senadora Liliam Samaniego (ANR), y no contaba con dictamen de las comisiones asesoras. La iniciativa tiene como fines asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación.
Además de garantizar el desarrollo y la convergencia de contenido educativo, capacitación y formación profesional y tecnologías de información y comunicación e incentivar el uso de plataformas online para postulaciones a becas y cursos, capacitaciones, formación y educación en general.
Así también, brindar oportunidades de formación y de desarrollo de habilidades tecnológicas por medio de la implementación de plataformas de aprendizaje en línea, que promuevan la interconexión global e incentivar el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Según el documento, el ente regulador para el cumplimiento de la Ley será el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el cual se encargará de elaborar una lista anual de los sitios web con contenido educativo que deberán gozar de gratuidad para el acceso a los mismos.
También deberá controlar que las empresas de telefonía cumplan con lo establecido en la presente Ley y establecer los procedimientos a ser implementados en caso de incumplimiento por parte de las empresas de telefonía. El documento dice que la vigencia de la Ley será de manera “inmediata”, una vez promulgada.
SUBSIDIAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Por otro lado, varios senadores presentaron un proyecto de ley que busca dar subsidios a instituciones educativas privadas y subvencionadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y reglamentar la reducción arancelaria.
El documento prevé paliar los graves problemas que afectan al sistema educativo nacional, propios por la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid – 19 para dar garantía y resguardo a los trabajadores de la educación privada, a los niños y jóvenes que reciben educación en estas instituciones.
La iniciativa propone que el Instituto de Previsión Social (IPS), en coordinación con el Poder Ejecutivo, otorgue a los docentes y funcionarios que aportan al sistema previsional, dependientes de los colegios privados subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un subsidio salarial del 50% del salario mínimo legal vigente por el plazo de 180 días o hasta que cese el estado de emergencia.
Para cumplir con este proyecto, los legisladores señalan que el IPS realizará un catastro de docentes y funcionarios de los colegios privados subvencionados, a los efectos del otorgamiento del subsidio.
Por otra parte, los colegios privados y subvencionados a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deberán coordinar la reducción del costo de sus cuotas y aranceles en un 25% para todos los niveles y quedan facultados a reducir en forma proporcional al subsidio percibido el pago de los haberes salariales de sus docentes y funcionarios.
