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Adjudicaciones con irregularidades

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La empresa Ocho A de Luis Pet­tengill se vio salpicada en el escándalo desatado en la Municipalidad de Asun­ción, donde el “primer anillo” del entonces in­tendente (Mario Ferreiro) exigía coimas para direc­cionar licitaciones.

La Fiscalía tuvo acceso a mensajes donde estas personas muestran un cheque de la mencionada empresa por valor a los G. 1600 millones. Esto sería en concepto de coi­mas para poder conceder cierta licitación en el año 2017.

Sí bien el cheque no espe­cifica para que licitación fue. Curiosamente en mayo del 2017, la comuna asuncena anunciaba que seis empresas calificaron para pugnar por unas obras de drenaje pluvial. Entre ellas no estaba Ocho A.

Pero extrañamente, en enero del año siguiente la incluyen entre las precla­sificadas.

A fines de agosto, la co­muna anunciaba que Ocho A ganaba la lici­tación. Es decir, se le ad­judicaba a una empresa distinta a las que habían calificado inicialmente.

Las obras eran por valor a los G. 350.000 millones (US$ 56 millones). El che­que que supuestamente sería la coima es por va­lor a los US$ 260.000. El firmante de la adjudica­ción es nada más y nada menos que Miguel Man­cüello, exjefe de gabinete de Ferreiro y considerado como uno de los princi­pales cabecillas de este sistema de coimas.

RUTA MÁS CARA DE LA HISTORIA

El año pasado se con­cedió a la licitación del Corredor Bioceánico al Consorcio Vial Bioceáni­co compuesto por Quei­roz Galvao y Ocho A – cada uno con 50% de las acciones-). Las obras eran por valor inicial a los US$ 421 millones. Llamativa­mente las mismas inician en diciembre de 2018 sin haber sido licitado a una empresa externa que con­trole los trabajos.

Finalmente, el Minis­terio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) decide fiscalizar los trabajos solo con sus funcionarios, debido a que no cuentan con los recursos para licitar a una empresa dedicada al servicio.

Es decir, a pesar de ser la obra vial más cara de la historia, los trabajos solo serán fiscalizados por funcionarios de la carte­ra estatal. Cabe recordar que el hijo de Luis Pet­tengill está casado con la hermana de la primera dama, Sophia López Mo­reira.

Además Pettengill es asesor económico del gobierno. Lo que signi­fica que funcionarios públicos fiscalizan obras desarrolladas por un empresario constructor vinculado al estado.

Juan Manuel Cano Fleitas, viceministro de obras del MOPC y miembro del Comité evaluador de esta licita­ción curiosamente ahora trabaja para “Ocho A”.

Lo del corredor Bioceá­nico no termina aquí, debido a que la licitación fue “Llave en mano”. La empresa contratista cu­bre todos los gastos ini­ciales y luego el Estado los termina pagando en cuotas con intereses. El total que el Estado debe­rá pagar en 15 años es de US$ 732 millones.

Es decir, 83% más costo­sa que lo evaluado. De esta manera el Estado pagará US$ 2,7 millones por kilómetro en lugar de US$ 1 millón que es lo estimado.

TAPE PORÃ

Ocho A también for­ma parte del Consorcio Tape Porã. Este consor­cio recibió en 2016 la concesión por 30 años más de poder explotar la ruta 2 con sus puestos de peajes. Cabe recordar que fue licitado en 1998 por 25 años (hasta 2023). Pero a 7 años de cum­plir el plazo, recibió una nueva ampliación del plazo por otros 30 años. Es decir, hasta el 2053.

La ampliación del pla­zo fue para que dicho consorcio realice la du­plicación de 113 km de ruta y el mantenimien­to de otros 140 km. A cambio, lo que refiere a peajes por los próximos 33 años.

Curiosamente, en febrero de este año, se aumentó el costo del peaje. Y cada tres años registrará un in­cremento, anunciaron re­presentantes de la firma.

Además de Ocho A, otras empresas fueron denun­ciadas por supuestamen­te tener vínculos en estas licitaciones irregulares, estas son: Music Hall y Osiris Group.

 

Municipalidad de Asunción

Hace una semana se descubre una red de coimas en la Municipalidad de Asunción. Entre ellas se vincula a “Ocho A” debido a que en mensajes se muestra un cheque por valor a los G. 1600 millones de la mencionada firma para los supuestos implicados. El pago sería para direccionar licitaciones a favor de la empresa.

Ruta 2

El Consorcio Sacyr-Mota Engil-Ocho A gana la licitación para realizar mejoras en la ruta 2. Específicamente por hacer 144 km de trabajos por US$ 520 millones. Además del costo elevado, llama la atención que tiempo después de haber sido adjudicado, Mota Engil (Portugal) vende el 20% de sus acciones a Ocho A, quedando esta con 40% y Sacyr (España) con 60%.

 Tape Porã

La Concesionaria Vial Tape Porã S.A., integrada por las empresas constructoras paraguayas Conempa S.A., Tecnoedil S.A., Ocho A S.A., Constructora Acaray S.A. y Emprendimientos y Concesiones S.A. ganan en 2016 sin licitación la explotación con peajes de la actual ruta 2 hasta el año 2053. Curiosamente en febrero de este año el peaje aumenta de G. 5.000 a G. 13.000 en promedio. Aquí la empresa de Pettengill tiene el 10% de las acciones.

Corredor Bioceánico

El Consorcio Vial Bioceánico compuesto por Queiroz Galvao y Ocho A – cada uno con 50% de las acciones-) es adjudicado para construir el Corredor Bioceánico por valor a los US$ 421 millones. Debido a que la licitación fue “Llave en mano”. La empresa contratista cubre todos los gastos iniciales y luego el Estado los termina pagando en cuotas con intereses. El total que el Estado deberá pagar en 15 años es de US$ 732 millones.

Equipo Periodistico
Equipo Periodistico
Equipo de Periodistas del Diario El Independiente. Expertos en Historias urbanas. Yeruti Salcedo, John Walter Ferrari, Víctor Ortiz.