La balacera dejó dos muertos y cuatro heridos, mientras la Policía investiga una posible disputa entre estructuras criminales.
Un enfrentamiento armado registrado en Tava’i, Caazapá, dejó dos muertos y cuatro heridos, además de un sospechoso prófugo. La Policía Nacional investiga un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales y sostiene que uno de los abatidos pertenecería al primer anillo de seguridad de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, aunque todavía no se determinó qué facción habría ordenado el ataque.
¿Cómo ocurrió la balacera en Tava’i?
El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 18:30 del sábado, frente al lavadero Saúl, ubicado en el barrio San Roque de Tava’i, departamento de Caazapá. De acuerdo con el reporte policial recogido por medios locales, un grupo de personas se encontraba reunido junto a un automóvil cuando dos hombres que llegaron en motocicleta abrieron fuego.
Las personas atacadas respondieron a los disparos, generándose un intercambio de tiros que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un lavadero. El episodio ocurrió en plena vía pública y provocó alarma entre los vecinos de la zona.
Como resultado del enfrentamiento falleció Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, quien se encontraba entre las personas atacadas. También murió uno de los presuntos sicarios, cuya identidad todavía no había sido confirmada oficialmente al momento de los primeros reportes. Los otros cuatro involucrados resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno.
Los heridos fueron identificados como Julio César Sanabria Torales, de 35 años; Marcos González Acosta, de 38; Julián Vega Ríos, de 48; y Aureliano González Acosta, de 39. La Policía y el Ministerio Público preservaron el lugar para levantar evidencias y reconstruir la secuencia del ataque.
¿Qué relación tendría uno de los abatidos con alias “Macho”?
El elemento que amplía la investigación es la presunta pertenencia de uno de los fallecidos a la estructura criminal encabezada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”. Según la explicación atribuida al subjefe de Investigación de Caazapá, comisario Blas Fernández, el hombre abatido sería integrante del primer anillo de seguridad de Acosta Riveros.
La Policía, sin embargo, mantiene una diferencia entre lo que considera confirmado y lo que todavía forma parte de la hipótesis investigativa. El vínculo del presunto sicario con la estructura de “Macho” habría sido corroborado mediante información del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y fuerzas aliadas, mientras que todavía no se pudo determinar qué grupo habría ordenado el ataque.
La precisión es relevante porque evita atribuir automáticamente el atentado a una determinada facción. La propia investigación policial apunta a que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, pero esa hipótesis todavía debe ser respaldada por elementos incorporados a la causa.
La estructura de “Macho” ya fue objeto de operaciones de seguridad en el norte del país. En 2023, la Operación Ignis, encabezada por organismos de seguridad y la SENAD, terminó con nueve presuntos sicarios vinculados al primer anillo de la organización abatidos durante enfrentamientos, además de otros integrantes detenidos.
¿Qué busca determinar ahora la Policía Nacional?
Uno de los principales objetivos de los investigadores es identificar al segundo hombre que participó del ataque y logró escapar en la motocicleta utilizada para llegar al lugar. Tras el tiroteo, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda en la zona para localizar al sospechoso.
En la escena fueron levantadas vainillas servidas, mientras técnicos de Criminalística, agentes policiales, representantes del Ministerio Público y el médico forense realizaron las primeras diligencias. El análisis de las evidencias deberá determinar qué armas fueron utilizadas y reconstruir la dinámica del intercambio de disparos.
La investigación también deberá establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra una de las personas que se encontraba en el lugar o si se trató de una acción vinculada a una disputa mayor entre estructuras criminales. Esta diferencia será determinante para definir la línea investigativa y eventuales responsabilidades penales.
Por ahora, la información disponible permite hablar de una hipótesis de ajuste de cuentas, pero no de un móvil confirmado. La Policía tampoco identificó públicamente qué facción habría ordenado el ataque.
¿Por qué Tava’i vuelve a quedar bajo atención por el crimen organizado?
El episodio ocurre en una zona que ya había sido señalada por las autoridades como escenario de desplazamiento y expansión de estructuras criminales. Tava’i, en Caazapá, apareció anteriormente en investigaciones relacionadas con organizaciones provenientes de Canindeyú, entre ellas el denominado Clan Díaz y su enfrentamiento con el grupo de “Macho”.
En febrero de 2025, dos presuntos integrantes del Clan Díaz fueron abatidos durante un enfrentamiento con la Policía en Tava’i, en el marco de la Operación Sprout. La investigación policial de entonces había relacionado a ese grupo con actividades de narcotráfico y sicariato, además de una disputa con la organización de Acosta Riveros.
Semanas después, las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos en la zona. Un despliegue antinarcótico detectó plantaciones de marihuana y buscó localizar a integrantes del Clan Díaz que se habían trasladado desde Canindeyú hacia Caazapá.
Ese antecedente otorga una dimensión territorial al nuevo episodio. La violencia registrada ahora no aparece aislada de un contexto previo de disputa entre organizaciones criminales, aunque todavía no existe confirmación oficial de que el ataque del sábado responda directamente a aquella confrontación.
¿Qué implica el episodio para la seguridad en Caazapá?
El tiroteo vuelve a colocar sobre la mesa el desafío de garantizar seguridad ciudadana y control territorial en zonas donde las organizaciones criminales pueden trasladar parte de sus operaciones. La presencia de personas armadas, ataques en espacios públicos y la capacidad de un sospechoso para escapar evidencian las dificultades que enfrenta el Estado para anticipar y contener este tipo de hechos.
Para la Policía Nacional, el desafío inmediato es determinar quién ordenó el ataque, identificar al prófugo y establecer las conexiones de los involucrados. Para el Ministerio Público, el análisis de evidencias, comunicaciones, armas y eventuales vínculos entre los participantes será determinante para transformar las hipótesis iniciales en una imputación sustentada.
El impacto también trasciende la investigación penal. Cuando episodios asociados al crimen organizado se trasladan a zonas urbanas o comunidades pequeñas, aumenta la percepción de inseguridad y se deteriora la capacidad del Estado para garantizar condiciones previsibles de convivencia. En territorios vinculados a actividades agropecuarias, esa situación puede afectar además la movilidad, la actividad comercial y la confianza de los actores económicos.
¿Puede el caso revelar una nueva disputa entre estructuras criminales?
La principal incógnita ahora es si el ataque constituye un episodio aislado o forma parte de una nueva etapa de confrontación entre grupos vinculados al narcotráfico y el sicariato. La presunta conexión de uno de los abatidos con el entorno de “Macho” eleva la relevancia de esa línea investigativa, pero no permite concluir por sí sola que exista una guerra entre facciones.
La trayectoria reciente de estas organizaciones muestra que los enfrentamientos pueden desplazarse territorialmente. El grupo liderado por Felipe Acosta Riveros ha sido objeto de múltiples operaciones de las fuerzas de seguridad, mientras que estructuras rivales también fueron identificadas y perseguidas en Canindeyú y Caazapá.
Por eso, el seguimiento del caso dependerá de elementos concretos: la identificación definitiva del fallecido señalado como supuesto sicario, la captura del segundo atacante, el resultado de las pericias balísticas y la determinación de las comunicaciones o vínculos existentes entre los involucrados.
Tava’i y el desafío del control territorial
El nuevo episodio coloca nuevamente a Tava’i en el mapa de las investigaciones sobre crimen organizado. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque ocurrido en un espacio público, mientras uno de los presuntos atacantes permanece prófugo.
La investigación deberá determinar si detrás de la balacera existe una disputa puntual o una confrontación de mayor alcance. Hasta entonces, la vinculación del abatido con el primer anillo de “Macho” constituye una línea relevante para los investigadores, pero no una confirmación sobre quién ordenó el ataque.
El caso vuelve a poner a prueba la capacidad de las instituciones de seguridad para prevenir la expansión territorial de estructuras criminales, identificar sus redes y garantizar el control efectivo del territorio, particularmente en departamentos donde ya se registraron antecedentes de enfrentamientos entre organizaciones.
Periodista Senior