Interminables estanterías con unidades de conmutación, kilómetros de cables, millares de conectores, luces parpadeando… elementos sobrevivientes de un mundo que se ha ido retirando para ser reemplazado por microchips, procesadores de altísima velocidad, torres de enlace, links satelitales, etc. Un lenguaje completamente diferente al que aún se refugia en los últimos recintos de la telefonía tradicional con hilos colgando de un poste.
El episodio registrado en Luque, con la invasión de una propiedad de la telefónica estatal, pone negro sobre blanco este contraste. Corriendo a un lado la lesión patrimonial que sin duda se configuraba con la invasión del predio, es interesante observar cómo la utilidad de un sitio semejante tiene poco que ver con la evolución que han experimentado las técnicas de comunicación y sí mucho con la naturaleza intrínsecamente decadente del ex monopolio estatal.
Mientras la telefonía móvil se mueve básicamente en el universo digital, con muy poca demanda de espacio físico para operar, la telefonía tradicional lo necesita en grandes cantidades para instalar sedes administrativas, de atención al público, plantas operativas y depósitos de materiales e insumos. Este modelo se replica en cada ciudad o pueblo en donde la estatal presta sus servicios.
Esto la ha obligado a adquirir tierras que, con el paso del tiempo, han ido configurando un patrimonio inmobiliario considerable al punto de que hoy el valor de la estatal radica más en la posesión de terrenos, de ubicación urbana estratégica, que en su cotización de mercado como empresa de telecomunicación.
Los sindicatos de la empresa se han puesto en pie de guerra en defensa, en este caso, del predio ubicado en Luque. Y hacen muy bien, porque de ese patrimonio inmobiliario dependerá en el futuro cualquier posible reclamo salarial o cumplimiento de las cláusulas de contratación, ya que la telefónica está hace tiempo en caída libre en cuanto a la calidad, eficiencia y costo en prestación del servicio para el cual fue concebida hace 72 años.
El episodio de Luque desnuda una cruda realidad. Con más de 4.700 funcionarios -uno cada 64 lineas- Copaco arrastra un déficit enorme que la condena a una muerte segura como tecnológica a menos que decida a cambiar de genio empresario y se pase al siempre rentable ramo de la propiedad inmobiliaria.
