El presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó el martes la Ley Nº 622 de Racionalización de Gastos Públicos que busca poner topes salariales, eliminar privilegios y mejorar el gasto público. De esta manera, los funcionarios del Estado ya no podrán percibir un salario superior al del presidente de la República, quien percibe al mes G. 37 millones (17 salarios mínimos).
No obstante, los funcionarios de las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá) podrán seguir percibiendo mensuales sus exorbitantes salarios ya que la Ley sancionada estipuló que los mismos no sean alcanzados por lo establecido en la normativa.
Sin embargo, en este punto la normativa habla de que el Ejecutivo articulará los medios para que Itaipú y Yacyretá cumplan en que los funcionarios no perciban otra remuneración del sector público y limitar la publicidad en los medios masivos de comunicación.
La Ley promulgada no solo fija el tope salarial sino también limita la contratación de asesores, que ahora solo podrá ser hasta un máximo de tres, los cuales tendrán vínculo con el Estado hasta tanto la autoridad que los contrató siga en el cargo. Posterior a ello deberán abandonar la institución sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización.
Asimismo, el documento prohíbe la contratación de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), como de los miembros de sus órganos colegiados, en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza.
Además, la Ley también reduce la provisión de combustibles; servicio de telefonía, compras de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, entre otros. Asimismo, elimina las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo (presentismo).
También se prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación masiva y cualquier otra forma de expresión audiovisual que promueva a la autoridad o a las obras públicas donde incluya su figura.
Cabe recordar que según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado podría ahorrar US$ 10 millones anuales con esta Ley. En este punto es importante mencionar que la cartera económica ya realizó varios de los recortes estipulados en este proyecto debido a la pandemia actual que repercutió en los ingresos del Estado.
La normativa promulgada estipula que el ahorro generado será blindado para destinarlo a los sectores de Salud, Educación e infraestructura.
