A fines de marzo, Ana Morra y Dante Leguizamón, viuda e hijo de Santiago Leguizamón respectivamente, periodista que fue asesinado por la mafia fronteriza en abril de 1991, denunciaron que el capo mafioso Fadh Jamil y Andrés Rodríguez, expresidente de la República, fueron los autores morales del crimen del comunicador.
Esto, durante una audiencia celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo.
Dante Leguizamón señaló que el propio juez que tomó dicha declaración, le recomendó a su madre que eso no se registre (la acusación contra Fadh Jamil), en la declaración testifical. Además, le recomienda que la situación de la frontera es compleja y que ella tiene hijos chicos.
“Le recomienda cuidarse con relación a lo que dice. En ese momento mi mamá se da cuenta que la investigación no irá a ningún lado y que no se tenía ningún sentido impulsar una investigación en Paraguay, por más que ya existían antecedentes de que Jamil era compadre de Rodríguez y de que fue el que dio la orden para el atentado contra Santiago”, comentó.
En esta audiencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), deberá definir las medidas de reparación que tendrá que acatar el Estado paraguayo con el fin de dar justicia. Cabe recordar que el Estado paraguayo se allanó y solo espera conocer las medidas que deberá otorgar a la familia de Leguizamón en concepto de reparación de daños.
SANCIONES
El Estado se expone a medidas tras esta audiencia. En primer lugar, el esclarecimiento de todos los casos de periodistas asesinados por el crimen organizado. El Estado deberá tomar medidas para que no se repita con medidas de protección a periodistas. También reparar integralmente con una indemnización y la restauración del premio Santiago Leguizamón. Además, la realización de un monumento en homenaje a todos los periodistas asesinados.
VÍNCULOS CON CARTES
En el 2005 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tenía un programa de no impunidad de periodistas asesinados. Entonces la SIP se acerca a Ana Morra y le impulsa a la presentación del caso ante la CIDH.
En enero del 2007, se presenta el caso ante la CIDH, y los representantes de la familia son los mismos integrantes de la SIP. La familia no obtuvo mucha información sobre los avances hasta el año 2013.
“Voy a la CIDH por motivos de mi propio trabajo y aprovecho para preguntar sobre los avances del caso a lo que me responden que estaba ya para una solución amistosa. Para nosotros fue una sorpresa, cuando entonces ya estaba como presidente Horacio Cartes, vinculado al grupo criminal y mafioso que ordenó el asesinato de Santiago. Formaba parte en ese momento y sigue formando parte. Nosotros no teníamos ningún tipo de intención de tener una solución amistosa”, comentó.
Entre el 2008 y el 2012, la política del Gobierno de Fernando Lugo, frente a la CIDH era buscar las soluciones amistosas y no continuar con el litigio. Por lo que el caso de Santiago entró en este grupo.
“Nunca nos consultaron si queríamos una solución amistosa. Pedí que continúe el procedimiento formal. Inmediatamente la causa se admite en mayo del 2016. Y en ese momento logramos el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, del Sindicato de Periodistas del Paraguay, del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep) y de la Asociación de Radios Comunitarias, voces del Paraguay.
Con el apoyo de todas esas organizaciones, la familia presentó un pedido para que CIDH se expida sobre el fondo, considerando si existió o no violación de derechos humanos en el citado caso. Es eso lo que se desarrolla actualmente.
