El Ing. Hermann Pankow, consultor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de septiembre a diciembre del 2019, denunció el pasado 27 de mayo de 2018 al entonces ministro de la cartera Ramón Jiménez Gaona y los demás involucrados por el caso Metrobús por lesión de confianza.
Esta denuncia quedó en manos del fiscal Natalia Silva, pero luego de haber pasado un año de haberse hecho la acusación no se avanzó en el caso, por lo que Pankow recusa a la agente fiscal en julio de 2019.
Este pedido de recusación fue rechazado a su vez por el Ministerio Público el 16 de enero pasado, por lo que el denunciante impugna este rechazo amparado en la ley 4685/12 para hacerlo ante un Juez de garantías.
Sin embargo, la Fiscalía, amparada en una acción de inconstitucionalidad dictada por Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado en el 2018 que alegaba que el Ministerio Público perdía su autonomía debido a esto, deciden no dar lugar a este pedido de Pankow, a pesar que aún no fue derogada la ley 4685/12.
“Entonces yo la recusé a la Fiscal General del Estado, el pasado 20 de enero. Ahora este pedido va a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde tengo ciertas esperanzas que avance”, informó.
El caso quedará prescripto (terminado) en mayo del 2021 sí la Fiscalía no imputa a nadie antes de esa fecha.
ERROR EN LA CARÁTULA
El denunciante expresó que la causa se caratuló mal. Ya que él la presentó como “Ramón Jiménez Gaona sobre lesión de confianza caso Metrobús”. Pero el Ministerio Público lo cambió de nombre a “Esteban Sarubbi sobre lesión de confianza caso Metrobús”.
Según el entrevistado este cambio fue por dos motivos, primero, para deslindar responsabilidades del ahora exministro y segundo para ubicar como el principal responsable a una persona como Sarubbi que tiene vínculos familiares con el medio colega ABC Color y así mermar los cuestionamientos de parte de la prensa hacia el caso.
Sarubbi era jefe de gabinete del MOPC durante la realización de las obras del fallido proyecto.
ACTUALIDAD
En febrero del 2016, Mota Engil, empresa portuguesa fue adjudicada con el Metrobús. El nuevo servicio de transporte debía iniciar en marzo del 2018. Hoy, a pocos días de cumplir cuatro años de la adjudicación, el gobierno actual aún no rescinde contrato con la mencionada extranjera. Y lo más probable es que vaya a un arbitraje internacional.
En cuanto a cifras, Mota Engil ya cobro US$ 30 millones por hacer cuatro de los 12 kilómetros que establecía el contrato. Es decir que ya cobró el 60% de los US$ 54 millones que establecía el contrato original sin siquiera llegar a realizar la mitad del proyecto.
Cabe recordar que el contrato se infló hasta llegar a los US$ 70 millones, a pesar de que se anunció al momento de la licitación que no pasaría tal aumento.
30 Millones de dólares hasta ahora fue el perjuicio para el Estado por las obras.