Tras el COVID, el control de daños al Estado debe ser implacable
Lenta pero sostenidamente, la gran polvareda que está dejando el COVID19 empieza a asentarse y permite realizar el necesario control de daños empezando por lo más importante, la preservación de la vida humana. La pandemia está dejando, aunque son cifras que irán reajustándose paulatinamente, más de 16.600 decesos y casi medio millón de infectados recuperados. El total de vacunados araña los 4 millones con dos dosis y a este ritmo, el 70% de cobertura recomendado por la OMS se alcanzaría para fines de marzo próximo. El MSP cuenta con autorización para vacunar a niños de 5 a 11 años con los sueros Coronavac y Pfizer (la Sinopharm está en camino) pero la cantidad necesaria de dosis estaría completa recién para febrero, así que la inmunización de la población escolar se daría “sobre la marcha”, con los niños ya en la escuela.
Esto, en lo estrictamente sanitario. Veamos ahora el capítulo del dinero extra presupuestario librado para apoyar la lucha contra el COVID19. El Congreso, en una reacción saludable, empezó a recortar programas, tal vez sensibilizado por los casos que empiezan a saltar aquí y allá de manejos desleales -por ser educados- de partidas especiales a manos de gobernadores e intendentes municipales. Los operativos, que lucen como una especie de “corte administrativo” en emergencia, están multiplicándose y se empiezan a ver algunos glotones presupuestarios que se levantan del plato chorreándoles aún la leche de los bigotes. La Contraloría, la Dirección de Contrataciones y otros órganos de auditoría están empezando a hundir el bisturí y lo que salta es repugnante: evidencia de sobrefacturaciones, compras ficticias, malversaciones, etc.
Estas figuras son casi inevitables cuando al esquema de compras y contrataciones que rige regularmente en el Estado se levanta temporariamente bajo la figura de la emergencia (inundaciones, incendios forestales, ahora el COVID) que habilita a echar mano a recursos extraordinarios y eludir las licitaciones reemplazándolas por compras directas. Este es el paraíso esperado con ansia por el funcionariado desleal que ve la ocasión de manotear plata grande sin dejar rastros. O al menos, es lo que creen. Los mecanismos de auditoría y control se van perfeccionando y el cerco se cierra sobre saqueadores y filibusteros.
Veremos que tan profunda resulta esta imprescindible cirugía administrativa.
