Con un informe publicado por el BID que determina el nivel de confianza que poseen los latinoamericanos en diversos estamentos de su país, Paraguay es una de las naciones que menor confianza posee en su sistema judicial.
De acuerdo a un cuadro comparativo por región, apenas superando el 0,7%, la cantidad de paraguayos que afirma confiar en el sistema judicial del país es muy baja. Por su parte, en Brasil confía más del 0,6%, en Perú y Venezuela el 0,6%, en Uruguay el 0,7%, en Ecuador más del 0,5%, entre otros países.
Una de las preguntas de la encuesta llevada a cabo por el BID para determinar los porcentajes hacía referencia a si un individuo acudiría a realizar su denuncia si es víctima de un robo menor. En ese sentido, los planteamientos iban dirigidos al nivel de confianza que posee la población en sus autoridades para la resolución de un delito y la aplicación total de la justicia.
Teniendo en cuenta los datos del informe, la confianza en figuras de autoridad en América Latina y el Caribe es mucho menor que en cualquier otro lugar del mundo y apenas alcanza a tener una cuarta parte del nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la excepción de Chile, Colombia y México.
De este modo, la desconfianza en las instituciones las convierte en parte del problema
más que de la solución, cuando las mismas deberían velar por el rendimiento de cuentas por parte de los gobiernos en su gestión. En América Latina y el Caribe las instituciones jurídicas y legislativas a menudo no cumplen con los roles previstos y más que aumentar la confianza en el gobierno, terminan siendo parte de la crisis de confianza, como lo mostró el BID.
Dr. José Casañas Levi
EL PEOR MOMENTO DE LA JUSTICIA
Según el Dr. José Casañas Levi, abogado penalista, el impacto negativo en el sistema judicial es mayor porque más de una persona tuvo algún litigio judicial y cuando este se va desarrollando, siempre hay dinero involucrado para solucionar algo y entonces la idea de la gente se reduce a que sin plata no podrá ganar su caso.
“Esto después se refuerza cuando la gente ve grandes casos de corrupción como el de González Daher, el de Messer o el atentado al PLRA el 31 de marzo, en los cuales no se observa ningún avance determinante”, declaró el Dr. Casañas Levi.
Añadió que incluso en el último caso, con el cual se supo de la lista de fiscales y jueces involucrados en la persecución de inocentes por el caso de usura de González Daher, ya está pasando un mes y aún no se vio ninguna reacción del ministerio Público y el Poder Judicial, lo que claramente impacta en la población.
“Así, hablamos de una experiencia propia en la ciudadanía y lo que observa de la realidad. De este modo, el sistema judicial del país está pasando probablemente por su peor momento histórico”, sentenció el abogado.
Señaló que los efectos directos analizados son la manera en que la gente prefiere no acudir a la fiscalía ni al juez y cuando debe ir a una audiencia pregunta cuánto necesita pagar. Automáticamente surgen estos casos porque el individuo ve una gran diferencia en el trato con una persona que cuenta con un gran pasar económico o influencia política.
“El gran porcentaje de personas que se encuentran privadas de su libertad son individuos sin recursos económicos y este es un dato objetivo”, indicó el penalista, haciendo referencia a la pérdida de la credibilidad hacia el sistema judicial, como una de las tantas consecuencias previstas.
Por otra parte, para referirse sobre la influencia de este tipo de posturas por parte de la ciudadanía, subrayó que esto crea una situación de riesgo en la comunidad porque la misma comenzará a optar por la justicia en manos propias o, si tiene la posibilidad, ingresará al circuito de la corrupción y la cuestión se tornará inacabable.
“Cada año estamos peor y creo que estos resultados el año que viene seguirá empeorando, sin un plan de acción porque no basta con hacer exclusivamente diagnósticos”, mencionó, diciendo que países que también pasaron por momentos endebles en su sistema judicial, lograron superarse realizando cosas concretas.
En Colombia, por ejemplo, con graves problemas de corrupción judicial y estatal, trabajaron en un programa de ética en el funcionario, pues este no veía su labor como un servicio público, sino como un aspecto particular que lo podría beneficiar de manera personal. En Paraguay, muchas instituciones poseen códigos de ética, pero están guardados en archivos, nadie los controla o los aplica.
Hugo Estigarribia
LA JUSTICIA POLITIZADA
Para el abogado y analista, Hugo Estigarribia, la desconfianza recae sobre la fuerte injerencia política en el sistema judicial, pues se observan roscas de poder entre fiscales, jueces y abogados.
“Aparte del grave problema de injerencia política en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y su mecanismo de selección, así como los gremios de abogados; estos son órganos que no deberían estar politizados y lamentablemente se destacan por ello”, anunció Estigarribia.
Así, el abogado sentenció que se observa como los abogados y propios representantes del JEM guardan un gran nivel de relacionamiento con los políticos y en muchos casos terminan respondiendo de manera exclusiva a ellos.
“La justicia baila al compás de los intereses políticos de turno, agravando el manejo del sector judicial, esto sin mencionar la falta de independencia y acción de los estamentos porque ellos se deben exclusivamente a quien los designó”, determinó.
De este modo, categorizó a la justicia como el talón de Aquiles de la democracia paraguaya, que afecta a todos los estamentos gubernativos del país, puntualizando que al haber una impunidad en el sistema judicial, se observa cómo la corrupción supura por diversos sectores.
“Paraguay se ve como un paraíso de impunidad para el lavado de dinero y otros hechos delictivos, como un país bananero tropical, siendo la justicia el factor determinante para la continuidad de todo esto”, concluyó.
CASOS EMBLEMÁTICOS DE IMPUNIDAD
– El caso Hugo Javier, que fue acusado e imputado, en el cual también pesaba una serie de denuncias de la Secretaría de Anticorrupción, junto con la Secretaría de Estado de Tributación ante el Ministerio Público, pero fue blanqueado.
– El caso González Daher, en el cual tanto Óscar como Ramón fueron acusados por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, aparte de armar un gran esquema de contactos con magistrados de todas las instancias y fueros dentro del Poder Judicial, quienes fueron testigos y formaron parte del sistema de apriete y cobro de los hermanos.
– El caso Messer, el cual pese a todas las investigaciones en Brasil, no tuvo injerencia judicial en el país, más que por el lado comunicacional.
– El caso “caseros de oro” del diputado Tomás Rivas, con la casa extinta tras el blanqueo del Tribunal de Sentencia.
– El caso metrobús, que nunca fue investigado de manera meticulosa y hasta hoy día no cuenta con algún responsable imputado por todo el daño comercial y social causado durante la construcción.
– El caso “caseros de oro” del exdiputado José María Ibáñez, donde se allanaron en el 2018 cuando la defensa planteó una salida alternativa con el pago de G. 30 millones para la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizaron unos G. 5 millones.
