Diputados genuflexos salvan al gobernador de Central
Ocurrió lo que era previsible. El pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, bajo la sospecha de graves irregularidades administrativas, naufragó en una votación en la que la aplanadora colorada mandó al basurero toda la argumentación presentada por varios legisladores, naturalmente, de la oposición.
Se hizo presente aquí, una vez más, la figura dominante del mandato imperativo entendido como sujeción a la disciplina partidaria, combinación letal sobre la que existen bibliotecas enteras que teorizan sobre la materia. Pero para el ciudadano de a pie, el que no está al corriente de los marcos teóricos, queda la sensación de que bajo el manto de esa argumentación oportunista y coyuntural se ha ocultado una vez más el manejo doloso del dinero público.
La Constitución prohíbe los mandatos imperativos, figura bajo la cual se busca mantener a resguardo la legitimidad de la representación popular depositada en senadores y diputados, evitando que estos obedezcan primero a consignas de sus directorios partidarios antes que al ciudadano que los votó. Esta calidad cobra especial relevancia en el caso de los diputados sobre quienes descansa la representación departamental.
La disciplina partidaria, dicen los estudiosos, es imprescindible. “Es impensable el funcionamiento de un partido político si no se rige por un mínimo régimen o código disciplinario” afirma J.J.Seall en su análisis “Disciplina partidaria y mandato imperativo”. Pero también es dable suponer que tal ajuste a códigos conductuales debe responder a altos principios de ética en el ejercicio del poder político delegado, no para cerrar filas en el ocultamiento de inmoralidades administrativas por razones de pertenencia partidaria.
Esto último es lo que ocurrió ayer en la sesión de Diputados. La montaña de documentos presentados por los legisladores respaldando la intervención fue ignorada por los vasallos del poder que apuntala desde la sombra al Gobernador imputado. Ni los informes de contraloría, ni del Poder Ejecutivo, ni la denuncia de concejales departamentales ni los dictámenes de los demás organismos de control pudieron romper esta cofradía que apaña al Gobernador, maniobra que obedeció, una vez más, a un verdadero mandato hampesco.
Un baldón más para este cuerpo legislativo que nos llena de vergüenza.
