“El hacinamiento precisamente es la madre de todos los problemas”, aseguró.
Expuso que cuando en un establecimiento habitan más personas de la capacidad que se tiene para albergar correctamente, se hace dificultoso el control, como proveer los distintos servicios que les tiene que dar el establecimiento, como el servicio de sanidad, el de higiene, limpieza, la logística, provisión de alimentos.
“Si a cada persona le pudiésemos tener en una celda, obviamente que las posibilidades de sufrir algún tipo de agresión se disminuirían. El hacinamiento juega un papel muy importante y ese es un denominador común en nuestra historia penitenciaria”, sostuvo.
Mencionó que actualmente, están ante la posibilidad histórica de cambiar eso cuando se habiliten los tres nuevos centros penitenciarios, que van a permitir saldar dos deudas.
Reveló que una de ellas es que al habilitarse va a implicar más de 3.600 plazas para personas privadas de su libertad, lo que va a hacer que disminuya la tasa de ocupación a un 110% aproximadamente
Determinó que la segunda deuda que se podrá saldar es la de poder separar a condenados de procesados, debido a que estas nuevas penitenciarias van a estar destinadas exclusivamente a condenados.
“Nuestra población actual de condenados es de 4.100 personas, únicamente a condenados varones y con la habilitación de estas tres penitenciarías destinadas exclusivamente a ellos, vamos a cubrir 3.600 plazas para condenados, con lo cual vamos a tener esa separación”, manifestó.
Agregó que ese saldo que queda ya cumple con la Unidad Penitenciaria Industrial de Esperanza (UPIE) que es solamente para condenados y tiene una capacidad para 288 personas más las granjas penitenciarias que son dos, que también están destinadas exclusivamente a condenados.
“La habilitación de estos nuevos centros penitenciarios va a significar una mejora en estos dos aspectos, va a permitir reducir la sobrepoblación a niveles por debajo de la tasa considerada crítica al igual que esa separación entre condenados y procesados, al menos con respecto a los varones, que es lo que representa la generosidad en nuestra población penitenciaria”, puntualizó.
Afirmó que las nuevas penitenciarías van a funcionar bajo la base de un modelo de gestión por procesos, lo que implicará que cada funcionario que trabaje en los nuevos centros penitenciarios, va a tener previamente documentado todo lo que debe de hacer.
“Esto va a permitir un mejor control y deslindar responsabilidades cuando surjan un tipo de incidentes, ya sea en el ámbito del servicio de sanidad, en la provisión de alimentos o en la seguridad de estos establecimientos”, acotó.
En cuanto a la reinserción de los condenados a la sociedad, mencionó que esto depende del presupuesto y cuando se habla de reinserción o de inserción laboral, educacional, entre otras, únicamente pueden referirse a los condenados.
“En ese sentido, nuestra población de condenados representa un 28% de toda nuestra población penitenciaria. Estos nuevos establecimientos permitirán realizar una clasificación de las personas que ingresan a la penitenciaría. En el Código de Ejecución Penal, se establece que el organismo técnico criminológico debe realizar una evaluación y observación de las personas que ingresan a la penitenciaria para sugerir una clasificación y un plan de tratamiento individual para cada uno”, remarcó.
VIVIR EN EMERGENCIA PENITENCIARIA
Al respecto, el doctor en criminología, Juan Martens subrayó que desde un punto de vista legal, la cárcel paraguaya está en emergencia desde el año 2019, cuando en la Cárcel Regional de San Pedro fueron decapitadas 7 personas y asesinadas, a partir de allí las cárceles fueron declaradas en emergencias por ley.
Por otro lado, desde la mirada criminológica, la cárcel es un depósito de seres humanos en donde el Estado solo controla el portón de ingreso y de salida.
“En el interior de las cárceles, quienes mandan y determinan sus reglas son las facciones carcelarias, que son grupos de personas que se unieron para defenderse de agresiones de otros internos y de agentes penitenciarios. Esto es así porque a pesar de la emergencia penitenciaria, el Estado paraguayo no provee lo más mínimo de comida, agua, seguridad, papel higiénico, pasta dental, etc.”, amplió.
Resaltó que estar en la cárcel es no trabajar y depender exclusivamente del Estado, por ello es una situación bajo responsabilidad estatal, todo el Estado debe de proveer, porque bajo esa premisa encierra.
Explicó que como no dan nada y son los internos los que tienen que conseguir, los grupos criminales son los que dominan y que este dominio se da por la violencia, los asesinatos y por la explotación de negocios, lícitos e ilícitos. Por ejemplo: cantinas, venta de cocaína, cigarrillos, marihuana, alcohol, etc.
“Entonces, nuestra cárcel es todo lo contrario a lo que dice la ley, es una oficina del crimen en donde el Estado hoy no tiene ninguna posibilidad”, sostuvo.
Finalizó aseverando que es muy grave nuestra situación penitenciaria porque transforma aún más en delincuentes a los que habitan allí.
