El pasado viernes, Óscar Chamorro, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), informó en conferencia de prensa, que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), abatieron a cuatro integrantes de la Agrupación Campesina Armada (ACA – EP).
Señaló que en base a informaciones obtenidas conocieron que dentro de las inmediaciones del parque Paso Bravo en Concepción, se encontraban los integrantes del grupo criminal. Señaló que el acceso es difícil y que en la zona se produce plantación de marihuana como envíos aéreos de cocaína, mediante pistas clandestinas.
“Tres personas resultaron fallecidas durante un primer evento, y luego una cuarta persona, minutos después”, informó.
El alto mando militar omitió mencionar que el ataque fue protagonizado por grupos narcotraficantes, y no precisamente por las FTC.
Federico Delfino, agente fiscal del caso, informó en la mañana de ayer, que, en realidad, el citado grupo de operaciones especiales, no fue responsable del golpe. Sino que, bandas vinculadas al narcotráfico, acabaron con la vida de Elizandro Balbuena Maríz (22 años), Víctor Maríz Domínguez (51), Fredy Florenciano Campuzano (19) y Emiliano Romero Valiente (23).
MARTENS
Juan Martens, doctor en criminología, cuestionó que no es la primera vez que la FTC miente sobre sus actuaciones. Lo grave en este caso es que es la fiscalía general del Estado quien desmintió la información.
“La FTC está muy deslegitimada y no tiene ningún control sobre el territorio, y como una forma de justificarse se atribuyeron acciones que realizaron narcotraficantes, en este caso”, afirmó.
Instó a que el comandante Chamorro sea procesado, ya que no puede seguir al frente cuando la propia Fiscalía ahora difunde un informe firmado por él. “El problema es que con ello también deslegitima al presidente de la República”, dijo.
ELIMINACIÓN
Al ser consultado, si esto es motivo para que las FTC sea disueltas, mencionó que esa sería la mejor opción. Ya que, representa un gasto inútil que no tiene ningún resultado positivo. Desde su creación en el 2013, hasta el 2020, ya costó al Estado US$ 63 millones.
“Se debe usar ese dinero para fortalecer y equipar a la Policía Nacional, sobre el cual se ejerce más control. Además, es un problema de seguridad interna, sobre el que la policía tiene competencia, y no los militares. Desde su creación tiene problemas la FTC porque, entre otras cosas, es inconstitucional”, culminó.
COMUNICADO
Mediante un comunicado, divulgado en la mañana de ayer, el CODI anunció que solo darán detalles del operativo a órganos jurisdiccionales pertinentes. Es decir, ya no responderán a las consultas de la prensa sobre el supuesto enfrentamiento.
