La Junta del departamento Central aprobó con 12 votos (de 21 posibles) un pedido de intervención contra la administración de Hugo Javier González. Con esto pasa a la presidencia de la República.
Solo seis concejales votaron en contra de la intervención y otros tres se abstuvieron.
De aprobarse el pedido en la Cámara Baja, un interventor es designado por el plazo de tres meses para dirigir la gobernación y analizar los documentos. Al término, rinde cuentas y los diputados deciden si lo destituyen o no.
“El gobernador habla solamente a través de la prensa con nosotros. Es una administración ausente, negligente y criminal. No tenemos nada que hablar con él”, comentó.
PRIMER PEDIDO
El primer pedido de intervención se produjo hace cuatro meses atrás. El 14 de julio. En aquella oportunidad, Hugo Javier zafó con 11 votos en contra del rechazo y solo 10 a favor de la intervención. Los dos concejales que se sumaron en esta oportunidad fueron Mario Aguilera (PLRA) y Gustavo Machuca (ANR).
CONTEXTO
El pasado 1 de noviembre, Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, imputó a Hugo Javier González, gobernador de Central y otras 14 personas.
Los cargos son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Esto por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
LOS HECHOS
El relato fiscal reza lo siguiente; el pasado 29 de diciembre, Hugo Javier González, autorizó desembolsos de dinero para ejecución de obras, a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Las sumas fueron para los siguientes proyectos: “Construcción y mantenimiento de espacios públicos” por G. 3.063 millones, y “pavimentación asfáltica empedrado”, por G. 2.042 millones.
Ambos proyectos no detallaban las obras específicas a ejecutarse. Tampoco establecían los lugares precisos donde se llevarían a cabo los trabajos, aparte de que serían dentro del Departamento Central, ni contenían los presupuestos del proyecto, el plan financiero ni cronogramas de ejecución de las obras.
Un dato no menor es que la Fundación CIAP se dedica a la formación de profesionales, pero no contempla el desarrollo de trabajos de construcción. Por esta razón, la adjudicación de los fondos fue irregular, ya que no se adecua a los requisitos y formalidades establecidos en la ley 6469 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2020”.
El 25 de mayo del 2021, Hugo Javier, gobernador, y Javier Rojas, director general de administración y finanzas de la gobernación, presentaron facturas respaldatorias como rendición de cuentas al Gabinete Civil de la Presidencia como a Contraloría.
Pero la mayoría de las facturas no correspondían a la realidad. Incluso, los mismos proveedores mencionados en los documentos comparecieron, alegando que no brindaron ningún servicio para dicha fundación.
