Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, imputó a Hugo Javier González, gobernador de Central y otras 14 personas.
Los cargos de los que se acusa al político son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Esto por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Los 14 imputados son; Javier Rojas, director de administración y finanzas de Central, Tadeo Álvarez, presidente de la fundación CIAP, Paulino Palacios, tesorero de CIAP, Nicolás Álvarez, síndico de CIAP, Lourde Lezcano, secretaria general de Central, Armando Soler, secretario de obras públicas de Central, Luis Allende, ex tesorero de Central, Édgar Zaracho, asesor jurídico de Central, Guido Portillo, jefe de presupuesto de Central. Modesta Escobar, funcionaria de CIAP, José Grau, constructor, Óscar Morel, constructor, Óscar Gaete, constructor y Adalberto Benítez, ex jefe de fiscalización de Central.
LOS HECHOS
El relato fiscal reza lo siguiente; el pasado 29 de diciembre, Hugo Javier González, autorizó desembolsos de dinero para ejecución de obras, a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Las sumas desembolsadas fueron para los siguientes proyectos: “Construcción y mantenimiento de espacios públicos” por G. 3.063 millones, y “Pavimentación asfáltica empedrado”, por G. 2.042 millones.
Ambos proyectos no detallaban las obras específicas a ejecutarse, sino todo el monto solicitado por cada proyecto genérico. Tampoco establecían los lugares precisos donde se llevarían a cabo los trabajos, a parte de que serían dentro del Departamento Central, ni contenían los presupuestos del proyecto, el plan financiero, ni cronogramas de ejecución de las obras.
Un dato no menor es que la Fundación CIAP se dedica a la formación de profesionales, pero no contempla el desarrollo de trabajos de construcción. Por esta razón, la adjudicación de los fondos fue irregular. Ya que no se adecua a los requisitos y formalidades establecidos en la ley 6469 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2020”.
El 25 de mayo del 2021, Hugo Javier, gobernador, y Javier Rojas, director general de administración y finanzas de la gobernación, presentaron facturas respaldatorias como rendición de cuentas al Gabinete Civil de la Presidencia como a Contraloría.
Pero la mayoría de las facturas no correspondían a la realidad. Incluso, los mismos proveedores mencionados en los documentos comparecieron, alegando que no brindaron ningún servicio para dicha fundación.
Los únicos proveedores que sí emitieron las facturas rendidas, aunque nunca prestaron servicios para la fundación CIAP, fueron Lorena Laterra, Orlando Peralta, Osvaldo Cristaldo, y Luz Garcete. Se trata de “funcionarios por transferencia” quienes emitían facturas a nombre de la citada fundación para poder cobrar sus salarios.
El Ministerio Público afirmó que puede tratarse de “obras fantasmas”. Hugo Javier y los demás imputados fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, no pueden acercarse a la sede de la gobernación por una medida cautelar.
El fiscal Estigarribia afirmó que no decretó prisión preventiva porque no hay peligro de fuga del acusado.
