De acuerdo al resultado de un comunicado emitido ayer, el comité de los Derechos Humanos (DD.HH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó a Paraguay por violar los derechos de una comunidad indígena expuesta a la contaminación de agrotóxicos.
Respondiendo a la denuncia presentada por la comunidad indígena Ava Guaraní, en el distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú, el comité de DD.HH de la ONU acusó a Paraguay de violar los derechos de indígenas, al no impedir que empresas agrícolas contaminasen las tierras de los mismos con plaguicidas.
La denuncia ya presentada hace 12 años finalmente tuvo su efecto a través de una resolución inédita que entiende como «domicilio» la relación de la comunidad con los territorios en los cuales vive. La acusación fue hecha en contra de dos individuos brasileños, dueños de las empresas sojeras ubicadas en las inmediaciones de la comunidad.
Hugo Valiente, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y también del caso presentado, explicó que la denuncia se había presentado en 2009 ante la Fiscalía del Medioambiente de Curuguaty y a partir de allí se llevó a cabo todo un periplo administrativo y judicial, pues también se había presentado otra denuncia ante el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
“El Senave realizó una intervención en las empresas sojeras ubicadas en los alrededores de la comunidad y encontraron un montón de irregularidades relacionadas al uso de agrotóxicos prohibidos. La Fiscalía llegó a realizar una acusación pero, curiosamente, luego la retiró”, mencionó Valiente. Es así como se inició el reclamo de una comunidad cansada de ser envenenada por herbicidas, pero ninguna otra autoridad emitió algún posicionamiento certero referente al caso, todas se llamaron a silencio. A decir del abogado Valiente, fueron y encontraron todas las irregularidades e incluso así no se hizo nada contra los sojeros.
LO QUE SIGUE DESPUÉS
“Ahora viene otro proceso largo porque estaremos buscando que el Estado cumpla con la condena y las obligaciones estipuladas por el comité. Entre las medidas están: realizar la investigación pertinente, sancionar a los responsables y aplicar una medida para la regeneración de la comunidad indígena afectada”, acotó el vocero de la Codehupy y del caso.
Hasta este momento, Paraguay ya cuenta con 5 condenas solamente en el sistema de la ONU; dos de esas condenas están relacionadas a cuestiones ambientales ligadas al uso ilegal de agrotóxicos. Así también, nuestro país tiene otras condenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El país debe comenzar a tomarse en serio todo lo relacionado a derechos humanos porque desentenderse solo contribuye a desprestigiar la imagen internacional de la nación y afecta a la economía de país. Esto porque muchos mercados se cerrarán al saber que la soja paraguaya se procesa violando leyes ambientales y podremos vender solo a otros países que también violan leyes como nosotros”, sentenció Valiente.
NO ES UN HECHO
AISLADO
El caso de la comunidad Ava Guaraní no es el único suceso de violación de derechos por parte del Estado paraguayo, pues hace casi dos años la ONU ya había dictaminado al Gobierno como el responsable en la muerte de Rubén Portillo en colonia Yerutí, de Canindeyú, y en la hospitalización de 22 personas que terminaron intoxicadas por agrotóxicos.
Luego está el caso de la comunidad Tekoha Sauce, que fue desplazada forzosamente de sus tierras ancestrales, para la construcción de la hidroeléctrica binacional Itaipú. Valiente mencionó que los indígenas comprobaron cómo sus territorios fueron puestos para productores de soja; hasta ahora continúa el litigio por esas tierras.
“No hay ninguna orden de protección o mitigación de las medidas ambientales existentes, como por ejemplo el uso de las barreras. La soja se planta al borde mismo de la comunidad y llega a todas las casas de los indígenas, invadiendo todo el territorio de los mismos”, dijo Valiente.
En el caso de la comunidad Ava Guaraní, se presentaron estudios liderados por la Dra. Stela Benítez Leite y presentados en el laboratorio de toxicología genética de la Universidad Católica de Asunción. Así también se sumó una universidad de Francia; los análisis determinaron herbicida puro encontrado en el arroyo de la comunidad, que afectaba de manera directa a la misma.
Valiente dictaminó que el Estado paraguayo no protege a sus indígenas, no vela por sus derechos y mucho menos cuida sus territorios, debido a una discriminación y racismo estructural encontrados en las autoridades correspondientes, haciendo que los indígenas ni siquiera sean vistos como personas merecedoras de la protección de sus derechos. “Lo más importante es resguardar los intereses de los sojeros, por encima de los nativos”, finalizó.
