El senado tiene que debatir en su próxima sesión del jueves 2 de setiembre una propuesta que aumenta las penas a las invasiones de tierras modificando el artículo 142 del Código Penal que busca ampliar las penas por invasión hasta con 10 años de cárcel si existiera daño patrimonial.
Las nuevas autoridades del Consejo Directivo de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), realizaron su primera Sesión Ordinaria en la que se abordaron los principales temas actuales de interés para todos los sectores involucrados en el gremio; principalmente el examen del Grupo de Acción Financiera de Latino[1]américa (GAFILAT) y el Proyecto de Ley que busca cambiar la tipificación penal del ilícito de invasión del inmueble ajeno.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Fede[1]ración de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) ambas encabezadas por el Dr. Pedro Galli Romañach, impulsan la aprobación del proyecto de ley atendiendo a los casos de invasiones que ya han generado hechos de violencia donde incluso como se publicaba en medios durante el mes de agosto, llegó al colmo de contar con una modalidad donde se instala una casa prefabricada para si[1]mular una ocupación antigua, según la denuncia presentada por la empresa afecta: Cardenales S.A.
El problema del acceso y conservación de la tierra en el marco de la reforma agraria tiene en Paraguay larga data, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (IN[1]DERT) solo desde octubre del año pasado hasta agosto de este año logró que 934 familias de distintos puntos del país se convirtieran en propietarias de sus tierras en el marco de la reforma agraria. La duda que surge es sobre la capacidad que tendrán las familias de mantener para próximas generaciones estos lotes, por ello es fundamental que se fomente la producción y el arraigo con intervención de las instituciones responsables de luchar contra la pobreza.
Algo que se repite en las denuncias de los propietarios es que los invasores ponen en peligro las reservas boscosas de las propiedades al ingresar y deforestar como modelo de negocio, generando asentamientos ilegales para nuevamente volver movilizarse cuando la materia prima escasea o cuando son desalojados.
Las millonarias inversiones de desarrollo agrícola y ganadero se exponen a cuantiosas pérdidas económicas y al tedioso ajetreo legal que cada una de las invasiones trae consigo. Para el analista político Gonzalo Quintana, la Agenda Bolivariana quiere que el Estado regule con “leyes estrafalarias” donde el propósito no es proteger al medio ambiente, el propósito es desalentar la producción, y con esta lógica se busca legalizar las invasiones con proyectos como los presentados este año desde la Cámara de Senadores, o con la excusa de la pandemia se busca inhabilitar los desalojos urbanos y rurales.
Una ley que disuada las intenciones de invadir propiedad privada es un primer paso, pero de ninguna manera será la solución si desde el Estado no se fomentan políticas públicas que permitan proteger la inversión y luchar a mediano y largo plazo para erradicar la pobreza en el campo y permitir que el sector privado continúe desarrollando una cadena de valor que nos posiciona como uno de los principales producto[1]res de alimentos a nivel mundial.
