El caso se originó como consecuencia de la deforestación de una reserva legal de bosques naturales de 1.860 hectáreas ubicada en la colonia Ñande Mba’e, de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que se halló mediante el cruzamiento de datos obtenidos mediante el portal de acceso a la información pública y rastreos satelitales.
La denuncia fue presentada por Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), bajo el patrocinio de los abogados Federico Legal y Ever Martínez. Esta organización realizó el pedido de información que sirvió como base para el cruzamiento de datos y luego presentó la denuncia ante la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez.
La causa fue derivada a Andrés Arriola, fiscal de Mariscal Estigarribia, y tras la verificación in situ, el Ministerio Público decidió imputar a Scavonne y solicitó su prisión preventiva. “Este caso pretende demostrar que las políticas de transparencia también sirven para proteger el ambiente. La tecnología para procesar los datos que se obtienen también existe, lo que se necesita es voluntad política para hacer el seguimiento de estos casos”, señaló Ezequiel Santagada.
El director de Idea expresó además que el caso demuestra cómo los procesos de verificación pueden ser asequibles, se bajan los costos de fiscalización y se puede lograr la imputación de presuntos criminales ambientales.
En cumplimiento del mandato judicial fue firmado por el juez multifuero Aníbal Ortiz Granada, en fecha 26 de junio de 2019 el agente fiscal Arriola se constituyó en la propiedad mencionada, acompañado por Técnico de la Dirección Especializada de Delitos Ambiental del Ministerio Público, Luis Carlos Saucedo. Se procedió a la verificación y toma de datos del lugar para posteriormente remitir un informe de constitución.
En ese sentido, en fecha 09 de julio del 2019 se remitrió el informe que consta que dentro del área de la reserva de la propiedad se realizó cambio de uso de la tierra boscosa (implementación de pastura), totalizando una superficie de 1.860 hectáreas, sin contar con las documentaciones de las autoridades administrativas (Mades e Infona).
El señor Antonio Scavone fue notificado para que comparezca ante la Unidad Fiscal y pueda ejercer su derecho constitucional. En ese sentido, en fecha 18 de setiembre, el investigado compareció ante el agente fiscal para ejercer su derecho mediante una audiencia de declaración indagatoria, acompañado de su abogado defensor.
“Este caso pretende demostrar que las políticas de transparencia también sirven para proteger el ambiente. La tecnología para procesar los datos que se obtienen también existe”
EZEQUIEL SANTAGADA
DIRECTOR IDEA
