La empresa Watchman fue adjudicada en una licitación para proveer servicios de seguridad privada al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) por un contrato que asciende a G. 759.190.553, según el documento rubricado el 14 de diciembre del 2020 y tiene vigencia hasta el 15 de noviembre del 2021. Este es último llamado que ha ganado la firma a la que representa legalmente Víctor Martín Cabral Achucarro.
La anterior es una de mayor monto donde la convocante fue la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El contrato por G. 24.142.479.600 se firmó en septiembre del 2019, y cuya vigencia va hasta el 16 de septiembre del 2022.
Estas son las dos convocatorias en las que fue beneficiada la empresa Watchman luego de una sanción por incumplimiento de contrato con el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el 13 de junio del 2019 el proveedor fue sancionado por un incumplido con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y como consecuencia se ha causado daños o perjuicios a la institución contratante.
Además, se sostiene que Watchman ha proporcionado información falsa, o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, contrato o en un procedimiento de conciliación o protesta.
En el extenso sumario se menciona que el proveedor es sancionado por incumplimiento del programa de capacitación de los guardias de seguridad privada, además que algunos de sus funcionarios no estaban registrados en la base de datos del Instituto de Previsión Social (IPS).
De esta forma, Contrataciones Públicas resolvió disponer la amonestación y apercibimiento de la empresa Watchman. En el mismo documento se señala además que ya en el 2015 había sido sancionada.
NIEGA VÍNCULOS
El empresario Óscar Chamorro Lafarja comentó que él dejó de tener relaciones comerciales y/o laborales con la empresa Security Service Tecnology SA (SST), cuyo representante ante Contrataciones Públicas hoy es Cabral Achucarro.
“Renuncié a todos los directorios donde podía figurar cuando fue el problema (de la licitación) de IPS. No tengo ninguna relación, entregué todas mis acciones en las empresas de las que he formado parte, y en algunas donde era representante legal… Salí absolutamente de toditas las empresas y me dedico solamente a la consultoría”, refirió.
Aclaró que si bien tuvo relaciones con SST, ahora sólo se dedica a trabajar brindando asesoría legal y realizando consultoría comercial.
Además, comentó que luego de la polémica en la licitación de IPS, “la empresa SST se quedó fundida, se le pagó a todos los guardias en la época en que yo estuve, tenían como 14 años de antigüedad, se gastó mucho dinero y no hubo forma de cubrir a los gerentes y personal administrativo, y ellos se quedaron con la empresa”.
Por otra parte, al respecto de las supuestas vinculaciones políticas, Chamorro Lafarja dijo que fue un fantasma que metieron, y agregó que no está afiliado a ningún movimiento político.
