Si no fuera por la ley de deforestación cero, muchas propiedades, públicas y privadas, estarían siendo acosadas, invadidas y saqueadas en sus bienes naturales y productivos y la sensación de inseguridad reinaría a sus anchas en el Paraguay. Poca gente querría invertir realmente en el país y hasta los propios habitantes de ciertos parajes verían su propia vida y sus propiedades en peligro y hubieran optado por emigrar a otras latitudes.
Si no fuera por la legislación ambiental vigente y la vigilancia estricta de sus autoridades de aplicación, los remanentes de bosques naturales estarían disminuyendo vertiginosamente en la región Oriental, que es donde restan aún retazos de especies forestales de alto valor no solo monetario sino también científico. Muchos ejemplares de maderas preciosas como el lapacho, el trébol y demás especies propias del Paraguay estarían cayendo bajo la motosierra de los depredadores y una corriente ilegal de madera estaría corriendo dentro y fuera de las fronteras del país.
Si no fuera por la acción de las autoridades de inteligencia, vigilancia, prevención y represión de delitos de alto perfil, éstos se estarían apoderando del campo paraguayo, entre ellos, el cultivo, procesamiento y comercialización de marihuana de alta demanda en los mercados de Argentina y Brasil.
Bien, hasta aquí esta parodia del “Si” de Rudyard Kipling. Veamos ahora la realidad. La ley de deforestación cero es una parodia de la cual el primero en burlarse es el propio Gobierno. No sólo las reservas naturales son invadidas, violadas y depredadas sino que es posible que el Presidente de la República termine promulgando la ley aprobada por el Congreso a iniciativa de senadores que promueven y proclaman el atropello a la propiedad publica (caso Reserva Natural Yberá), a la privada (estancia Pindó), que protegen el arrasamiento del Bosque Atlántico y su conversión en madera de alto valor de mercado, “ignorando” finalmente que la tierra deforestada sea convertida en marihuanales.
La ley que arranca al Estado la custodia de la Reserva Yberá para repartirla entre invasores, depredadores de bosques, ladrones de madera y cultivadores de macoña está a la firma del Poder Ejecutivo.
En un Estado rehén y sometido a políticos corruptos y oportunistas, eso es peligrosamente posible.
Eso y mucho más.
