De acuerdo con los datos registrados por regiones sanitarias a nivel país, unas 574 niñas entre 10 y 14 años quedaron embarazadas el año pasado en Paraguay, y las adolescentes de 15 a 19 años embarazadas suman 12.160. Mientras que unas 18 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres por segunda vez en el 2019.
La mitad de ellas reside en los departamentos de Caaguazú (5) y Canindeyú (4). Las demás viven en Itapúa (2), Paraguarí (1), Alto Paraná (2), Amambay (2) y Boquerón (1).
Estos números son alarmantes, pues muchas menores que llegan en estado de gravidez a los servicios de salud son víctimas de abuso sexual y no llegan por primera vez, sino por segunda vez, demostrando claramente que el sistema de protección y prevención no funciona, y cuando llega la Justicia, llega tarde.
“El Estado paraguayo les está fallando de manera sistemática y reiterada a las niñas y adolescentes de este país. No solamente son abusadas, porque hay que tener en cuenta que cualquier tipo de contacto sexual que se tenga con una menor de edad es un abuso sexual: estamos hablando de niñas de 10 a 14 años. Estas cifras nos demuestran que no fueron protegidas y que les falló varias veces en su posición de garantes de los derechos, y eso es muy grave, efectivamente los sistemas de prevención y protección no funcionan”, comentaron desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
La organización lanzó la campaña #CrecerConDerechos #VivirSinViolencias, que tendrá una difusión por redes sociales y grupos de WhatsApp, además de distribuir información a las familias en las comunidades donde están trabajando las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de la niñez y la adolescencia de Paraguay.
Desde la CDIA detallaron que la propuesta es que exista educación integral de la sexualidad en el sistema educativo nacional, según la edad de cada niña, niño y adolescente, y según su desarrollo evolutivo, con información científica y de calidad, accesible a cada ciclo escolar.
“Hacer que deje de ver “normal” el abuso: prevenir y proteger contra la violencia, enseñar cómo autocuidarse y autoprotegerse, generar condiciones para que puedan independizarse económicamente y tener autonomía, para que sean libres de violencia y pobreza. Es importante que el Estado intervenga para garantizar derechos, restaurar asimetrías y cerrar las brechas de desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales e incluso ambientales”, comentó Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la CDIA.
Agregó que existe un abuso sexual sistemático y forma parte de la cultura machista y patriarcal, pues los niños y las niñas son vistos como objetos, como cosas, no son sujetos de derecho.
“Las principales consecuencias del embarazo infantil es que se trunca el proyecto de vida de esa niña y aquellas que viven en situación de pobreza no van a poder cursar estudios, ni conseguir un trabajo que implique ingreso económico digno, tampoco van a poder tener autonomía económica y no van a poder ser niñas”, precisó Cabrera.
Asimismo, apuntó que las niñas y sus hijos deben tener una red de protección social por parte del Estado que les atienda y cuide de ellas. Muchas adolescentes entre 15 a 19 años ya tienen 6 hijos, o sea, toda su adolescencia estuvieron embarazadas.
“Debemos enfocarnos en la prevención, en darles herramientas de educación integral de la sexualidad, en pleno siglo XXI tenemos niñas que cuando tienen su primera menstruación piensan que van a morir porque nunca nadie les dijo que eso es normal. Hay que trabajar con las familias, necesitan ser fortalecidas y el Estado tiene que generar todas las condiciones necesarias para ello. Hay que interconectar el sistema de protección con el de educación y salud, pues estas estadísticas muestran que el sistema hace cortocircuitos por todas partes y no está protegiendo a las niñas, niños y adolescentes”, concluyó el director ejecutivo de la CDIA.
