Desde ayer martes 1 de diciembre, el tradicional juego de la quiniela dejó de jugarse en todo el país. Esto, debido a que la licencia para la explotación del juego venció y debido a denuncias legales, la nueva licencia aún no puede adjudicarse.
En concreto, la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), explota el juego desde el 2015. Sin embargo, fue denunciada por no estar cumpliendo con los pagos previstos en la ley. A más de esto, es denunciada por los mismos quinieleros por explotación laboral.
A pesar de la evasión fiscal que ascendería a los G. 90.000 millones y las condiciones laborales paupérrimas, la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar), el pasado viernes 4 de septiembre, volvió a adjudicar a la firma para la explotación del juego por los próximos cinco años (2020 – 2025).
Debido a esto, se produjeron varias denuncias ante el Ministerio Público. Ello provocó que la licencia venza sin que se haya resuelto la situación. Esto deja a la deriva a alrededor de 5.000 corredores de quiniela que tienen a esto como su principal fuente de ingresos.
“MARTES NEGRO”
A través de un comunicado divulgado en los medios de comunicación denominado “Martes negro”, la empresa TDP SA, lamentó la suspensión del juego de la quiniela.
En el texto, la firma perteneciente a Diego Wasmosy, hijo de Juan Carlos Wasmosy, expresidente de la República, sostiene que debido a “intereses mezquinos”, el tradicional juego de azar no se podrá jugar desde el martes 1 de diciembre. Y advirtió que todo tipo de juego similar es ilegal.
En el texto acusan a la Abogacía del Tesoro de no emitir aún un pronunciamiento a favor de la nueva licencia de forma intencional. Esto en el sentido de que ya tuvieron la información de la adjudicación el pasado 26 de octubre (hace un mes). Sin embargo, aún no se pronuncian a diferencia de licitaciones anteriores donde hubo más celeridad.
En otra parte del comunicado señalan que la información que existe en contra de la firma es tergiversada. “Hoy la quiniela está de luto. Los quinieleros sindicalizados ilegales están de fiesta. La quiniela clandestina volverá a ocupar las calles”, reza parte del texto.
SINDICATO
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sitranquiba), se reunió ayer por la mañana en la Central Unitaria de Trabajadores – Autentica (CUT-A). Esto para ver algunos tipos de acciones en base al comunicado citado anteriormente en el que TDP SA acusa a los sindicalistas de “quinieleros ilegales”.
“Nos estamos asesorando con abogados para ver qué pasos seguir. El Gobierno tampoco se manifiesta en contra de esta licitación amañada”, expresó Alicia Gutiérrez, una de las corredoras de quiniela sindicalizadas.
En las calles se sigue jugando juegos de quiniela argentinas y uruguayas. Estas son las consideradas “ilegales” por TDP SA. Sin embargo, los trabajadores no tienen alternativa que recurrir a ellos para seguir generando ingresos.
“En este momento las quinielas que ellos consideran ilegales no pueden ser considerarse así porque no existe ninguna legal. Seguro muchos quinieleros recurrirán a esto porque están desesperados sin trabajo”, expresó en otro momento.
CONSORCIO
Para la nueva licencia 2020-2025, se presentaron TDP SA y el consorcio B Gaming – Gambling SA.
El argumento de la Conajzar, para adjudicar de vuelta a la primera, es que la oferta mayor en términos económicos fue la de TDP SA a diferencia del consorcio.
En concreto TDP SA ofreció el 19,60% de las ganancias de forma mensual. Mientras que el consorcio ofreció el 15,51%. En números esto sería unos G. 11.100 millones por parte de la primera y G. 8.840 millones por parte de la segunda. Atendiendo que la facturación mensual para la empresa que explota la quiniela es de G. 57.000 millones.
Pedro Ovelar, representante legal del consorcio B Gaming – Gambling SA, expresó que la cuestión es muy simple. Ya que la empresa TDP SA ha reconocido no haber cumplido con el pago de los impuestos y donaciones obligatorias establecidas por la ley. Sin embargo igual fueron adjudicadas con la nueva licencia.
“Ellos no tienen la mejor oferta. Si comparamos las deudas que tienen con lo que pagarán a Conajzar, el Estado saldrá perdiendo”, expresó.
En otro momento señaló que Mario Abdo Benítez, presidente de la República, no está informado a cabalidad de la situación. Y que sus propios asesores poseen intereses en la problemática.
“No sé cuál es el interés o finalidad de los asesores del Presidente que le dicen que solo son actos administrativos. Por eso nuestra insistencia, a través de nuestros diferentes medios de que esté informado a cabalidad de todo lo sucedido. Creemos que gente de su entorno no le está diciendo la verdad”, expresó finalmente.
