La semana pasada los campesinos se movilizaron por las calles de Asunción exigiendo asistencia al Gobierno. Llamó la atención la denuncia que hizo Belarmino Balbuena, dirigente de la Articulación Campesina, sobre el caso de una mujer que prestó G. 4,5 millones de una “casa de créditos usurera”, y terminó pagando G. 44 millones, asimismo hace 3 meses le remataron su lote de 5 hectáreas.
“Hay muchos casos que se escuchan y este es uno de ellos, esta mujer usó G. 4,5 millones, no pudo pagar durante 2 años su préstamo por problemas financieros y terminó pagando G. 44 millones más su lote”, expresó Balbuena.
Manifestó que no está muy interiorizado del tema en específico, pero que es una mujer del Departamento de Itapúa y se comprometió a facilitar detalles de la operación. Informó que este y otros casos ya fueron entregados al Banco Central del Paraguay (BCP), y existe el compromiso de revisar.
“Hay una promesa del BCP para reglamentar la financieras usurera para que esos que esas que abusaran sean sancionada”, indicó el representante.
Calificó de positiva la reunión con los representantes del Estado y aseguró que la situación en el campo es muy difícil desde hace años, a lo que se debe sumar la sequía que se vive.
“Pedimos recursos para un plan de emergencia porque el campesino perdió todo y ahora debemos empezar de nuevo, ya debemos preparar las tierras necesitamos insumos, además hablamos sobre las tierras malhabidas que se tienen que recuperar”, subrayó el representante campesino.
La principal medida acordada es la reasignación de unos US$ 25 millones previstos para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), dentro del plan de reactivación económica post-pandemia.
A esto se sumarán otros US$ 5 millones ya presupuestados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la ejecución de planes de producción, elaborados conjuntamente por las organizaciones campesinas e indígenas y el Ministerio de Agricultura.
Otro punto acordado es la regulación de las agencias de cobranza, que será a través de una resolución del Banco Central del Paraguay. Así mismo, se trabajará para el reordenamiento de deudas contraídas para la producción por los integrantes de la agricultura familiar campesina.
Igualmente, el Poder Legislativo deberá conformar una mesa de trabajo con los institutos de Desarrollo Rural (Indert) y del Indígena (INDI) para intervenir en los desalojos de terreno, “evitando su ejecución en tano no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil”, reza el documento suscripto.
