Cuando la idea salió al mercado, en los albores de la era digital, se llamaba “low paper office”, concepto que mal traducido del inglés significaría “oficina con bajo uso de papel”.
El paso del tiempo probó que en casi todas las actividades administrativas, productivas, de servicios y transacciones diversas, el papel no sólo se usa menos sino que casi desapareció. Es más, la mayoría lo considera un estorbo ya que mientras un archivo digital viaja a la velocidad de la luz a cualquier destino, uno impreso podría tardar desde horas hasta años en llegar. Es un modus operandi de uso cotidiano en todo el mundo.
En todo el mundo menos en el Paraguay, especialmente en la función pública en donde hasta la idea más brillante puede convertirse en basura en cuestión de minutos. Como lo hacemos habitualmente en casi todos los órdenes, confiamos a una ley la faena de convertir en realidad la oficina sin papeles. No anduvo.
O por lo menos su tiempo se está tardando. Tal vez sea porque para hacer realidad eso del e government, o gobierno electrónico, el BID nos hizo un préstamo de US$ 130 millones, más US$ 62 millones que salieron de otra parte, o sea, casi doscientos millones de los verdes. Por muchas ganas que se le ponga, gastarse toda esa plata lleva su tiempo.
Hay mucha consultoría que tomar, mucha estrategia que escribir, mucho contrato que adjudicar, mucho conversatorio que organizar, mucha oficina que equipar y mucho salario que devengar. Mucho. ¿Se entiende verdad?
Todo en dólares y al cambio del día. Y después está lo otro: mucho papel que comprar. Sólo un botón de muestra. Para funcionar cada
periodo legislativo -por ejemplo sacar la ley del gobierno electrónico entre otras- la Cámara de Diputados se gasta unos Gs. 4.000 millones en resmas de papel A4, además de tener para sus incansables impresoras. Llevemos ese cálculo a todo el Gobierno y tendremos una gigantesca pirámide de papel.
Que el Estado elimine –o reduzca al mínimo- sus compras no sería una buena noticia para los importadores y proveedores de papel e insumos de impresión, incluida la venta, el mantenimiento y reparación de impresoras. Y ya se sabe la fiesta que hay alrededor de las licitaciones y compras directas del Gobierno. Para qué abundar en detalles si lo sabemos de memoria.
