Luego de que la olla se destapase en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres renunció a su cargo a causa del esquema de coimas que lo implicaban y exigía una interpelación hacia su persona por parte de la Cámara Baja.
El día de ayer las bancadas iban a sumar preguntas al cuestionario enviado la semana pasada pero, Torres finalmente sorteó con astucia el tratamiento de su interpelación, ya que presentó su dimisión al presidente de la República y mencionó a medios de Comunicación que su salida no se debe a una solicitud de Abdo Benítez.
En conversación con el consultor y analista financiero, Stan Canova, explicó que pocos saben de la existencia de apartados en la Constitución Nacional (Art. 106) y la Ley 1.535 de Administración Financiera (Art. 3 y 82), que tratan de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos sobre sus acciones en entes públicos, sin que esto signifique una extinción en lo penal.
«Si un funcionario en cuestión genera un perjuicio patrimonial al Estado por ejemplo, por unos G. 1.000 millones, perfecto, él/ella deberá responder con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados (vía declaración jurada) por el valor mencionado», refirió.
Hoy, los sindicatos y funcionarios del Indert convocan a conferencia de prensa para sentar postura respecto a la renuncia.
