Posterior a toda la tormenta de críticas y reclamos por parte de ciudadanos, sectores y gremios, en la tarde de este domingo el Ministerio Público compartió un tuit que decía: «Boda Bendlin-Cartes, la fiscal Stella Mary Cano abrió una carpeta penal a fin de investigar sobre violación de medidas sanitarias», haciendo alusión finalmente a la «puesta a disposición» de Patrick Bendlin ante la Justicia, por medio de su abogado Geza Matyas Poka.
Conforme se aprecia en un documento compartido en redes sociales en relación al acta de comparecencia, se ofrece un donativo en concepto de «reparación social», monto a ser establecido en hipotético caso por la Fiscalía o el Juzgado, en caso de ser necesario, como método alterno para una salida procesal.
PRESIÓN
Este acto representa la presión social y la asunción de responsabilidades al haber incumplido las normativas sanitarias predispuestas por el Gobierno Nacional y, deja entrevisto el roce o, mejor dicho, la ley del «ñembotavy» entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Fiscalía y la propia Policía Nacional, quienes no se pronunciaron en su momento respecto al caso a pesar de contar con suficiente evidencia en relación a la violación de las restricciones horarias y de aglomeración de personas.
«[…] Conforme a la Carta Poder que presenta, a fin de poner a conocimiento del Ministerio Público que, por mandato de su representado, el mismo se pone a disposición de la representación pública, a los efectos pertinentes, en atención a la celebración de la boda contraída con la Sra. María Sol Cartes Montaña y, cuyas imágenes fueron difundidas por diversos medios de comunicación, redes sociales, etc; a fin de aclarar cualquier situación que pueda traer aparejada la apertura de una investigación fiscal y, en ese sentido, ofrecer como reparación social, si así correspondiere, la donación a ser depositada en la cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento a la orden del Ministerio Público y Bienestar Social, cuyo monto solicita sea determinado por el Ministerio Público y/o el Juzgado Penal de Garantías interviniente», reza un fragmento del acta presentada.
Cabe destacar que, la fiscala Cano se encuentra designada para la investigación de todas las bodas vinculadas a la posible violación de las medidas de cuarenta y hasta la fecha ya suman 215 los casos en su haber, entre las que suman la citada boda más la última polémica y viralizada boda de Tobatí.
