La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en representación de Ernesto Benítez, víctima de tortura por agentes del Estado en 2003, elevará un informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el incumplimiento del Estado paraguayo en relación al acuerdo de reparación que se había establecido para finales de abril de este año en favor de la víctima.
El Estado Paraguayo aceptó la responsabilidad internacional por el hecho de tortura establecida en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y acordó proporcionar a la víctima una reparación íntegra que incluyera una indemnización adecuada. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha liberado los fondos aun cuando el propio Poder Ejecutivo mediante decreto 2954/19 aprobó los términos de la reparación, luego de 7 años de diálogo e intercambio entre las instituciones del Estado y la víctima, mediante su representante, la Codehupy.
Afirmaron que los trámites tienen movimiento interno, pero teñidos de una burocracia excesiva e inconducente, por lo cual no se está ante la falta de recursos o con retrasos suscitados por el abordaje de la pandemia.
Otro factor importante que señalaron es que no se está teniendo en cuenta que Ernesto Benítez, al igual que otras miles de personas, se ha visto afectado por la crisis económica que enfrenta el país en este contexto de pandemia, y precisa de esta indemnización para hacer frente a la realidad, y a las consecuencias que los hechos del caso le produjeron a su vida y a su salud.
El caso alcanzó un acuerdo de reparación en diciembre del 2019 entre el Estado y Ernesto Benítez. El propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en su carácter de presidente de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva responsable del Cumplimiento de Sentencias y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI) fue quien presidió la firma del acuerdo, que sigue sin cumplirse a pesar de haber fenecido el plazo previsto.
ANTECEDENTES
Ernesto Benítez es educador y trabajador agrícola de la colonia Táva Guaraní. Es miembro de la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA–SPN), y en aquel entonces (2003) se desempeñaba como coordinador del área de educación. El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en sus inicios, sin embargo, en 2002 el Gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que motivó una caída de los precios y un excedente de producción no comercializada que acarrearon pérdidas a los productores.
Luego de varios intentos de negociación de parte de los productores campesinos con el Estado, en el 2003 tras varias movilizaciones campesinas en Santa Rosa del Aguaray, Benítez fue víctima de tortura por agentes del Estado tras haber sido arrestado luego de una manifestación de protesta en contra del gobierno.
Ernesto presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañado de la CODEHUPY en el 2012, el Comité remitió su dictamen al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay sobre la violación de sus derechos básicos.
Asimismo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) había enviado un Informe en el 2015 al Comité de Derechos Humanos, denunciando que el Estado paraguayo seguía sin investigar el caso de tortura contra Benítez y casos de abusos contra campesinos.
Siete años después de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminara a favor de este caso, el Ministerio Público anunció en julio de 2019, la reapertura de la investigación de la denuncia por tortura y malos tratos que había presentado.
En agosto de 2019, Ernesto Benítez declaró ante la Fiscalía de Derechos Humanos en cumplimiento de la reapertura de investigación en el caso de tortura, de la que fue víctima. Sentando como antecedente por primera vez, que Paraguay aplica la doctrina de la Cosa Juzgada Fraudulenta, que es cuando, se determina que un juicio no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es decir, que la investigación fue realizada solo para cumplir un protocolo de formalidad, no hubo un análisis y una intensión definitiva de poder llegar a la verdad y reparar los hechos conculcados en la búsqueda propia de la justicia.
