Suspenden la audiencia de imposición de medidas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros implicados por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La cancelación de esta diligencia es por falta de resolución por parte de la Corte, de dos recursos.
Estos recursos están pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, respecto a la competencia o no del juez Humberto Otazú. Son recursos de casación y de inconstitucionalidad.
Con respecto a la Fiscalía, acusa a los procesados de haber formado parte de un esquema encabezado por el intendente de CDE, Miguel Prieto, que consistía en la desviación de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines, causando un daño patrimonial de G. 306.188.500.
