Miembros de la Corte reconocen que seguir sentados con el cuestionado Antonio Fretes hunde aún más en el descrédito a este cuestionado poder del Estado. Cada día que pasa saltan mayores indicios de corrupción ligados a su persona.
Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, afirmó a la 730 AM hubo más de una conversación para solicitarle al presidente de la Corte, Antonio Fretes que renuncie al cargo. Esto, tras el escándalo reciente del hijo del ministro de la Corte, Amílcar Fretes, quien fue abogado de Kassen Mohamad Hijazi, el brasileño de ascendencia libanesa que fue extraditado a Estados Unidos. El documento suscrito entre ambos estipulaba el pago de US$ 368.000 por sus servicios profesionales como abogado.
“Hubo más de una conversación, tanto personalmente como por vía telefónica. Estamos evaluando en cada momento cómo evoluciona esta cuestión. Entre los compañeros no hay unanimidad de opiniones y si esto sigue sin aclararse, obligará a tomar decisiones personales”, manifestó.
Sostuvo que esto no se ha producido nunca en el Poder Judicial ni en la región, por lo que es sumamente grave.
“Se está tratando de actuar con la mayor institucionalidad posible, y si no existe consenso, obligará a tomar posturas personales. Lastimosamente hasta ahora no hay una posición. Voy a dar a conocer mi posición en breve tiempo”, comentó.
NEGOCIOS DEL CLAN FRETES
El fuerte crecimiento patrimonial de Asdrúbal Fretes, hijo del presidente de la Corte, es ahora blanco de investigación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Seprelad y la Contraloría. El hijo del ministro de la Corte, Antonio Fretes, se hizo dueño de una casa de préstamos y está ligado a otros negocios millonarios.
“Ahoraité” es una casa de préstamos que fue constituida en septiembre del 2015 con un capital de G. 5.000 millones y cuyos accionistas son Asdrúbal Fretes, su pareja, Adriana Florentín, y una abogada de nombre Lourdes González, quien también aparece como socia en otros negocios.
De acuerdo con los datos, esta casa de préstamos se fundó cuando Fretes era funcionario del Ministerio Público y percibía un salario de apenas G. 8 millones. Así también, en el 2014 ya había hecho negocios por más de G. 2.000 millones sin declararlos ante la Contraloría.
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Trituración, Óscar Orué, confirmó a la 730 AM que ya fueron solicitados los informes sobre las empresas para investigar si el caso corresponde a enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
En tanto que el titular de la Seprelad, René Fernández, ya apuntó a que existen indicios suficientes para abrir una investigación, en vista a que también se tienen alertas en el sistema de prevención.
