La Comisión Permanente aprobó un pedido de informe para que las 17 gobernaciones del país rindan cuentas sobre la utilización de los recursos de emergencia. Se trata de unos US$ 2 millones que recibió cada institución durante el 2020 y 2021.
Édgar Acosta, diputado liberal y uno de los impulsores, señaló que el objetivo es saber con exactitud cómo se gastaron los US$ 2 millones que recibió cada una de las 17 gobernaciones durante el 2020 y 2021 para el combate al Covid-19.
“Sin discriminación de partidos políticos queremos saber a quiénes dieron los recursos que compraron, qué servicios prestaron para no meter a todos en la misma bolsa. Puede ser injusto que acusemos a todas las gobernaciones de robar”, afirmó.
El legislador dijo que con esto la ciudadanía podrá saber cómo se utilizaron estos recursos.
“Las respuestas que nos den las haremos públicas a través de la prensa para que la ciudadanía sepa cómo se utilizó ese dinero”, manifestó.
Teófilo Espínola y Kattya González fueron los otros firmantes del pedido. El documento fue aprobado el pasado miércoles de enero, por lo que las gobernaciones tienen 15 días de tiempo para poder entregar los informes y los documentos respaldatorios (hasta el miércoles 19).
A pesar del plazo, Acosta insta a la entrega inmediata de los documentos, ya que se trata de informaciones públicas, por lo que deben estar ya disponibles para hacer facilitadas.
NEGATIVA
En el caso que alguna de las gobernaciones se niegue a facilitar los informes, Acosta advirtió que remitirán la lista de aquellos que no cumplieron con el pedido. Resaltó que ello demostrará que cometieron un mal manejo de los recursos.
“Son actores políticos que deben estar en contacto con sus ciudadanos. El daño político si no responden será muy importante”, culminó.
CONTEXTO
El pasado 1 de noviembre, Hugo Javier González, gobernador de Central (ANR), fue imputado por el ministerio Público por la supuesta malversación de esos recursos provenientes de la ley de emergencia. Se trata de G. 5.100 millones (de los G. 6.400 millones que recibió como recursos de emergencia durante el 2020).
La suma fue entregada a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la realización de obras públicas. Lo llamativo es que las obras recién aparecieron varias semanas después de la imputación.
Algo similar sucedió en diciembre con César “Tigre” Ramírez, gobernador de Canindeyú. Al exfutbolista y actual político colorado cartista se le acusa de desembolsar G. 5.100 millones a la oenegé Asociación Pro Desarrollo del Norte para la realización de obras públicas.
En este caso, lo llamativo es que dicha entidad, apenas fue fundada seis meses antes. Sin embargo, fue beneficiada con un millonario contrato.
