Un monopolio que aconseja al cliente comprarle menos energía.
Un consultor de asuntos relacionados al uso de electrodomésticos y su impacto en la red de suministro dijo a este diario que los cortes de energía no obedecen tanto a la escasa inversión del ente público sino a la falta de una política que regule la calidad de los artefactos eléctricos de uso hogareño. Y concluyó: “Todos los electrodomésticos debieran ser de Clase A”.
Tal afirmación es muy interesante pero debiera tomársela en cuenta dentro del contexto socioeconómico que rige en el país. La clasificación de artefactos alimentados a electricidad va más allá de una cuestión estética para involucrar el delicado asunto de la eficiencia en el uso de la energía. En el caso de las cocinas eléctricas, el artefacto de mayor uso diario junto con la heladera, las hay de dos clases: las vitrocerámicas y las de inducción electromagnética. Las del primer grupo proporcionan calor mediante una resistencia eléctrica que calienta el dispositivo con el paso de la electricidad. Las de inducción generan un campo electromagnético que transfiere energía directamente al recipiente expuesto que es el que levanta calor. Las vitrocerámicas son más baratas pero consumen hasta un 40% más que las de inducción, que son más rápidas operativamente pero también más costosas. Esta ecuación, que es de vigencia mundial, en el Paraguay se inclina según el peso del sector socioeconómico considerado.
La ANDE subsidia con tarifas sociales a unos 240.000 hogares, es decir, el 18,7% (balance ANDE 2019) del total de 1.300.000 clientes facturados ese año. Este cuarto de millón de hogares recibe energía eléctrica hasta a un 75% por debajo de la tarifa estándar. Este conglomerado de hogares, y otros que sin gozar de la tarifa social también sufren idénticos aprietes económicos, no va a privilegiar la compra de una cocina eléctrica basándose en su eficiencia antes que en su precio de adquisición. Elegirá, invariablemente, el electrodoméstico que más se ajuste a sus posibilidades.
Por el momento, el ente público opta por transferir al usuario la responsabilidad de los picos de consumo aconsejándole, instructivo mediante, adecuarse al sistema gastando menos. Eso es más barato que encarar una modernización del sistema abriéndolo a la inversión privada y a la creación de mercados eléctricos regulados como los hay en el resto del continente.
En todos lados, menos aquí.
