La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto impulsado en el Senado “Que incorpora medidas excepcionales en el ámbito de aplicación de las medidas cautelares del sistema penal” que, de acuerdo con los proyectistas, busca alivianar las penitenciarías. Ahora pasó a manos del Poder Ejecutivo, que deberá promulgar o vetar el proyecto.
De acuerdo con informaciones que se manejan, tanto de los proyectistas como desde el Ministerio de Justicia, esta medida podría beneficiar en términos nominales a unas 1.700 personas que hoy están privadas de su libertad y que podrán acceder a la prisión domiciliaria. Aclararon que cada caso ya dependerá del juez y de la Fiscalía.
“Para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Covid-19, los órganos jurisdiccionales dispondrán la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva por la aplicación del arresto domiciliario, de las personas que actualmente se encuentren privadas de su libertad”, menciona la redacción final del proyecto.
Resalta que podrán ser beneficiadas las personas consideradas en el grupo de riesgo, tales como aquellas que hayan cumplido los 65 años de edad, padezcan enfermedades crónicas o se encuentren afectadas por movilidad reducida como consecuencia de una discapacidad.
Además de estos, incluye a las mujeres embarazadas o con niños de hasta 3 años su cargo y las personas privadas de su libertad por hechos punibles que no conlleven violencia en las personas y cuyo marco penal máximo sea de hasta diez años de pena privativa de libertad, conforme a la calificación preliminar establecida en la imputación o acusación fiscal respectiva.
El senador Fernando Silva Facetti, uno de los proyectistas, junto con Gilberto Apuril y Arnaldo Franco, insistió en que el proyecto busca otorgar medidas alternativas de prisión a quienes están con procesos pendientes, así como aquellos cuyas condenas no superen los 10 años y que no representen peligros para la sociedad.
“Con este proyecto hacemos énfasis en la situación que se dio con el Covid-19 y la la sugerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exhorta a los Estados que tengan presente y no se olviden de sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte, a fin de asegurar la vigencia y protección de los derechos humanos. El Estado es responsable de las personas privadas de su libertad”, señaló el legislador liberal.
Al ser consultado sobre la posibilidad que este proyecto busque beneficiar a políticos como el exdiputado, Miguel Cuevas, quien está imputado por enriquecimiento ilícito, por lo que según este proyecto puede acceder a la prisión domiciliaria, negó rotundamente la posibilidad.
El proyecto sostiene que “cumplido el periodo de vigencia del Estado de emergencia sanitaria, se dispondrá la revisión oficiosa de las medidas que hayan sido concedidas en virtud a la presente ley”.
La capacidad total de las 18 penitenciarias que se tiene en el país, es de unos 9.511 reos según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sin embargo la población real superan las 15.400 personas que están privadas de sus libertad y unas 1.000 que se encuentran en las comisarias, esperando por un lugar para ir a prisión.
Covid-19 en las cárceles.
El Ministerio de Salud, confirmó los primeros cinco casos positivos al COVID-19 en el penal de Tacumbú, más específicamente en el pabellón Remar, donde se encontraban unos 40 reclusos. Los representantes de la cartera sanitaria, no descartan la posibilidad de más casos positivos. Los 40 reclusos por su parte ya están en aislamiento preventivo y bajo observación.
