Fue tendencia y foco de todo tipo de comentarios la acción de una supuesta iglesia en Lambaré enfrentada con la propia comunidad en donde imparte sus prédicas. La airada reacción de uno de sus pastores despertó la ira ciudadana después de acusaciones y hasta amenazas de muerte, que motivaron la intervención de autoridades municipales y ministeriales.
El sitio fue clausurado por no contar con mínimas condiciones edilicias y porque el Ministerio a cargo ni siquiera estaba enterado de su existencia. Lo que nos muestra este caso refleja un problema muy poco conocido en nuestro país: la proliferación de centros de culto sin el control requerido para su habilitación.
Sí, en Paraguay existe la libertad de culto consagrada y defendida por la Constitución, pero esta libertad se debe dar con un mínimo de registro ante el estado. Muchos grupos religiosos se multiplican en sedes y en algunas ciudades hay centros de reuniones en casi cada barrio.
Ni hablar del caudal económico que aportan para ser parte de ellos. No está mal refugiarse en la fe, pero si está mal buscar una respuesta espiritual en líderes no formados ni capacitados y que hacen una interpretación errónea de sus credos y de las escrituras. Los objetivos de las iglesias serían muy difícilmente generar odio dentro de la población y llegar hasta las amenazas de muerte. Con calidad de pastores como el de Lambaré, la respuesta espiritual que buscan las personas está en serio riesgo. Lanzar una amenaza a una población adoctrinada implica generar focos de conflicto innecesarios y hasta peligrosos.
En un país que requiere de más tolerancia y diálogo, habilitar iglesias a cargo de personas que no están capacitadas nos expone a todos a que la historia se repita.
