La reapertura del caso vuelve a tensionar la gestión municipal de Ciudad del Este y reabre el debate sobre transparencia y control público.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción reactivó una investigación sobre la contratación del servicio de mensura de la finca 66 por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la administración del exintendente Miguel Prieto. El caso, impulsado por una denuncia de la Contraloría Ciudadana, gira en torno a una adjudicación de G. 2.673 millones que, según los denunciantes, presenta indicios de direccionamiento, lesión de confianza y posible asociación criminal.
¿Por qué la Fiscalía volvió a investigar la contratación de la finca 66?
La investigación sobre la contratación del servicio de mensura de la conocida finca 66 volvió a ocupar espacio en la agenda judicial luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción reactivara una causa presentada hace más de dos años por la organización civil Contraloría Ciudadana.
La denuncia apunta a la adjudicación del servicio a la empresa GEOCAD Consultoría, propiedad de Jorge Quintana López, por un monto total de G. 2.673 millones, cifra que los denunciantes consideran desproporcionada respecto al tipo de trabajo contratado. La carpeta fiscal fue identificada con el número 12926/24: Contratación de la empresa Geocad s/Hecho Punible a determinar, actualmente bajo responsabilidad de los fiscales Marlene González y Néstor Coronel.
La investigación se centra en determinar si existieron hechos punibles como lesión de confianza, administración en provecho propio o incluso asociación criminal, delitos contemplados en la legislación penal paraguaya para casos de presunto perjuicio patrimonial al Estado.
¿Qué cuestiona la Contraloría Ciudadana sobre el proceso?
La organización Contraloría Ciudadana, que se define como una entidad sin banderías políticas, sostiene que el procedimiento habría sido direccionado y que el gasto realizado por el municipio excede ampliamente los parámetros habituales para este tipo de servicios.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la controversia se origina en el llamado a licitación para la realización de la mensura judicial de la finca 66, inmueble expropiado por el Estado paraguayo a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la década de 1990. Los denunciantes sostienen que la adjudicación carece de razonabilidad económica y que el monto comprometido no guarda proporción con trabajos similares realizados en el país.
Uno de los voceros del grupo, Víctor Enríquez Núñez, argumentó que la operación «choca frontalmente con los principios de eficiencia, transparencia y economía consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrataciones Públicas». A criterio del activista, la magnitud del gasto obliga a examinar si existió una utilización irregular de recursos públicos o un esquema diseñado para beneficiar a determinados actores privados.
La organización también cuestiona la diferencia entre el monto adjudicado y las estimaciones realizadas sobre los costos técnicos del trabajo. De acuerdo con averiguaciones basadas en la tabla de honorarios del Colegio de Escribanos Públicos, el estudio de títulos de los inmuebles involucrados no superaría los 50 jornales mínimos, equivalentes actualmente a alrededor de G. 5,3 millones, una cifra significativamente inferior a los montos bajo investigación.
¿Qué papel tuvo la administración de Miguel Prieto?
La denuncia se refiere a hechos ocurridos durante la administración del entonces intendente Miguel Prieto, actual figura central de la oposición en Ciudad del Este y protagonista de múltiples controversias judiciales y políticas.
El documento señala además que en aquel periodo ocupaba la Dirección Jurídica municipal Nidia Silvero de Prieto, quien posteriormente fue apartada del cargo tras la difusión pública del caso. Actualmente se desempeña como presidenta del Colegio de Abogados del Alto Paraná.
Hasta el cierre del documento presentado por la organización, tanto la empresa adjudicada como el exjefe comunal no habían ofrecido mayores explicaciones sobre los cuestionamientos. El texto refiere que Miguel Prieto se negó a proporcionar información adicional alegando que los antecedentes requeridos no constituían información pública.
La situación adquiere relevancia política porque la administración de Prieto ha construido parte de su discurso sobre la transparencia y la lucha contra las estructuras tradicionales de poder en Ciudad del Este. La reactivación de esta investigación podría tener implicancias tanto judiciales como políticas, especialmente en un escenario donde la gestión municipal permanece bajo constante escrutinio.
¿Cómo impacta este caso en la discusión sobre transparencia y gobernabilidad?
Más allá del eventual desenlace penal, la reapertura del expediente vuelve a poner en el centro del debate la capacidad de las instituciones para investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En Paraguay, las contrataciones estatales representan uno de los ámbitos más sensibles para la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia. Organismos nacionales e internacionales han insistido en que la previsibilidad de las reglas, la competencia efectiva y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para fortalecer el clima de inversión y la confianza ciudadana.
En ese contexto, el avance o estancamiento de investigaciones relacionadas con gobiernos locales suele ser observado como un indicador del funcionamiento del Estado de derecho. Casos de alto impacto político, especialmente aquellos vinculados a municipios con presupuestos significativos y alta exposición pública, terminan influyendo en la percepción sobre la independencia del Ministerio Público y la capacidad del sistema judicial para sancionar eventuales hechos de corrupción.
¿Puede este expediente convertirse en un precedente para el control municipal?
La carpeta fiscal volvió a activarse luego de la incorporación de nuevos elementos aportados por los denunciantes, quienes esperan que el caso avance hacia una resolución de fondo y no quede archivado sin consecuencias.
El expediente se ha convertido así en una prueba para las instituciones encargadas del control y la persecución penal. Para la Contraloría Ciudadana, lo que está en juego trasciende el monto económico involucrado y se relaciona con la necesidad de establecer responsabilidades cuando existen sospechas sobre el uso de fondos públicos.
El resultado de esta investigación será seguido de cerca tanto por actores políticos como por organizaciones civiles y sectores empresariales. La manera en que las autoridades conduzcan el proceso podría convertirse en una referencia sobre los límites del poder municipal, la eficacia de los mecanismos de control y la capacidad del sistema institucional paraguayo para responder ante denuncias de presunta corrupción.
Periodista Senior