Planteo indigenista que atrasa siglos y sólo genera conflictos
“Los 19 pueblos indígenas (DGEEC, 2015, p. 21) que existen en el Paraguay han ocupado territorios que, según un primer reconocimiento oficial hecho por el Estado en 1977, abarcarían más del 75% de la superficie del territorio nacional actual de 406.752 kilómetros cuadrados, es decir unos 305.000 kilómetros cuadrados”. Así comienza el informe “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”, de autoría de Marcelo Bogado Rafael Portillo y Rodrigo Villagra fechado en 2016. Es muy difícil entender qué significa este marco referencial, a menos que tomemos en serio la siguiente afirmación del mismo documento: “Las sucesivas políticas modernas de restitución de tierras indígenas del Estado paraguayo, que van desde las décadas finales de la dictadura stronista (70s y 80s) hasta el presente, no han considerado como objetivo explícito la restitución de territorios ancestrales, en el sentido de espacios integrales y extensivos para el ejercicio de la autodeterminación política, económica y cultural de los pueblos indígenas”. Y agrega: “Así las tierras indígenas son predefinidas desde un sesgo agrarista, de manera similar a las colonias campesinas, y no como territorios en un sentido amplio”.
Este planteo entra en conflicto con el Estatuto Indígena (ley 904/81) que dice, en su artículo 14: “El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras”. En lo posible, dice. Y como la administración del proceso está a cargo del Indert, qué otro enfoque puede tener que no sea el desarrollo rural y la tenencia legal de la tierra. El Estatuto lo remarca muy bien en su artículo 1: “Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos”.
Pero el tema derrapa cuando bajo la consigna de las “tierras ancestrales” se pretende patear el tablero y generar un conflicto artificial del cual, como siempre, hay beneficiarios directos, los políticos-basura. Lo estamos viendo en las calles, con derramamiento de sangre incluido.
