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Temen sobreseimiento en el caso EMPO

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El pasado viernes, Irma Galarza, jueza interina del caso EMPO Ltda., anunció que la audiencia preliminar del caso 1472/2018 sobre “Producción de documentos no auténticos” que involucra a Mario Ferreiro, “Nenecho” Rodríguez y 11 personas más, se desarrollará el próximo jueves 2 de diciembre.

Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, Stella Mary Cano, fiscal, quien lleva adelante el caso, pidió el sobreseimiento provisional para Rodríguez y los demás acusados. Por lo que, durante la audiencia preliminar, la jueza Inés Galarza definirá si da lugar al pedido de la agente fiscal.

Los demás acusados son; Javier Pintos, Silvia Benegas, Mariano Cáceres, Karen Forcado, René Calonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román, Elena Alfonsi y Antonio Gaona, todos concejales del periodo pasado.

Los que seguirán en el cargo porque fueron reelectos son; Cáceres, Calonga, Ayala, Blasco y Wagner.  El sobreseimiento provisional significa que se libera a los acusados de toda medida cautelar, hasta que se resuelva si pueden ser beneficiados con un sobreseimiento definitivo o su causa se eleva a un juicio oral.

“Me comentaron que la jueza está muy presionada. Todo apunta a que beneficiará con su sobreseimiento provisorio a los acusados”, cuestionó Rose Marie González, denunciante del caso.

QUERELLA
González presentó ayer miércoles un urgimiento de la querella, pero la jueza resolvió rechazar su pedido.

“La jueza rechaza mi querella por presentarla a destiempo, algo que no tiene sentido ya que presentamos ese viernes 6 de agosto”, señaló.

La denunciante, para pedir informes a la Fiscalía debe ser querellante (parte) del caso. Como denunciante no lo es.

CONTEXTO
El caso se refiere a la concesión irregular del servicio de recolección de basuras a la empresa Empo S.A. por parte de las entonces autoridades comunales.

La irregularidad pasa principalmente porque Mario Ferreiro, entonces intendente de la comuna con el apoyo de Rodríguez (presidente de la Junta Municipal en aquel momento) y los 11 concejales, aprobaron el pago de G. 1700 millones a la citada firma para la concesión del servicio. Sin embargo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes de la empresa, habían presentado previamente documentos de cumplimiento tributarios falsos. Papeles que fueron obviados supuestamente de forma adrede por las autoridades imputadas.

DENUNCIANTE
La denuncia la realizó Rosemary González, una contribuyente de la comuna, el pasado 19 de octubre del 2018. Esta causa es la 1472/2018.